El Gobierno garantiza el pago a ACM y Barberá critica que no cumple el plazo

El Ayuntamiento de Valencia y el Consell arremetieron ayer contra el Gobierno por retrasar el pago de su parte del canon a la empresa America's Cup Management (ACM) e insistir en que sólo puede tramitarse el abono a través del Consorcio Valencia 2009, que no se ha creado ante la falta de acuerdo sobre los estatutos del organismo. Las administraciones del PP se niegan a que la presidencia del organismo sea rotatoria, como propone el Gobierno en correspondencia con su peso y la aportación al evento. La alcaldesa, Rita Barberá, acusó al Ejecutivo socialista de "flagrante incumplimiento" del contrato con ACM, y al igual que el vicepresidente económico, Gerardo Camps, consideró una "irresponsabilidad" aplazar el pago del primer plazo del canon, que debía ingresarse a la empresa de la Copa del América el miércoles.

Barberá sugirió que la postura del Gobierno puede poner "en riesgo" la Copa. Sin embargo, en ACM no hay preocupación. "Estamos tranquilos", afirmaron fuentes de la empresa que, como es habitual, no quisieron comentar el conflicto entre las administraciones.

En esa línea, el Ejecutivo aseguró que ACM tiene "garantía absoluta" de que el Estado cumplirá su compromiso, según declaró el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé. El delegado destacó que el Gobierno esperó hasta el último momento para pagar "conforme lo acordado", es decir, a través del nuevo consorcio que las tres administraciones se comprometieron a crear. En ausencia de un acuerdo, el Ejecutivo "está tomando las medidas para poder hacer el pago de forma directa" y evitar "operaciones irregulares", afirmó Bernabé en referencia a la decisión del Consell y el Ayuntamiento de transferir su parte del canon mediante una sociedad pública.

Fuentes gubernamentales añadieron que esperan que Barberá trabaje para buscar soluciones y "no para crispar el ambiente", informó Efe. También recordaron que el Consejo de Ministros ya aprobó la autorización para el pago de la parte estatal del canon (42 millones de euros) y aseguraron que se busca una solución que no implique cargas adicionales.

Discriminación

Barberá rechazó las dudas lanzadas por los socialistas sobre la legalidad de la operación de pago ideada para sortear la ausencia del Consorcio Valencia 2009 con el recurso a una sociedad ajena a la Copa. Según la alcaldesa, esta fórmula es "plenamente válida, legítima y legal". La alcaldesa pidió "que alguien del Gobierno se ocupe de la Copa" y denunció de nuevo un "trato discriminatorio y vejatorio" hacia Valencia. Lo hizo con una comparación de inversiones del Estado en la Copa del América y en la Exposición de Zaragoza prevista para 2008. Según los datos que manejó Barberá, el Gobierno invierte a través de convenios 617,3 millones de euros en Zaragoza frente a los 113 que gastó en Valencia. Una cifra que no incluye el aval de 500 millones de euros para las obras del puerto ni otras partidas.