Un aparejador municipal en excedencia cobra a vecinos de Marbella por alegar al PGOU

El negocio de las alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, en exposición pública, se ha convertido en negocio para abogados y arquitectos. Los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales temen que los promotores no asuman las cargas urbanísticas a que les obliga el documento y recurren a estos profesionales para tramitar sus alegaciones. Este es el caso de Antonio Belón, arquitecto técnico y funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí en excedencia desde hace más de un año, que ha repartido cartas en las urbanizaciones afectadas ofreciendo sus servicios. Belón fue fue jefe del departamento de valoración del servicio técnico y expropiación del Ayuntamiento,

También trabajan en el negocio de las alegaciones personas anteriormente vinculadas al Ayuntamiento, como el arquitecto Jorge Chacón, que fue vicepresidente primero de la Comisión Gestora nombrado por el PP. Al tiempo que lleva los casos de propietarios de viviendas irregulares, el ex vocal también forma parte de una especie de consejo asesor formado por diferentes profesionales que se reúne periódicamente para ofrecer sus opiniones y criterios profesionales al Consistorio en materia urbanística. Fuentes municipales mantuvieron ayer que la labor de estos técnicos es "informal" y "no está remunerada".

Chacón aclaró ayer que su trabajo en la gestora no tenía "nada que ver" con el urbanismo, por lo que no se le puede acusar de manejar información privilegiada, y defendió su derecho a ejercer su profesión. Explicó que en las reuniones de asesoramiento al Consistorio discuten "sobre temas generales" y que no ha participado en la elaboración de las alegaciones que presentará el Ayuntamiento.

Según el acta de una junta de propietarios de la segunda fase de la Urbanización Bello Horizonte, afectada por las compensaciones del PGOU, Antonio Belón les presentó un presupuesto de 6.000 euros por presentar alegaciones y Jorge Chacón otro que oscilaba entre los 7.000 y los 9.000 euros. Otro de los profesionales consultados, el letrado Jesús Rodríguez, pedía una previsión de fondos de 1.200 euros y no podía cuantificar la cuantía final. El 14 de agosto, una mayoría de los vecinos decidió que fuera Belón quien se encargue del tema ya que "él conoce bien la problemática de la zona".