Un golpe de Estado blando

La inauguración -anteayer- del Año Judicial presidida por el Rey quedó ensombrecida por el anuncio de un descortés plantón de varios portavoces parlamentarios y de asociaciones de la magistratura. Pero la sangre no llegó al río. El casus belli del conflicto era la planificada resistencia del Grupo Popular -en connivencia con la actual mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- a renovar la composición del órgano de gobierno de la magistratura: los miembros designados por el Parlamento a finales de 2001 (tres de los 20 electos han sido entre tanto bajas no cubiertas) consumieron su mandato quinquenal el 7 de noviembre de 2006 pero continúan en funciones a la espera de una sustitución que el PP boicotea desde hace diez meses a través de su minoría de bloqueo en las Cámaras.

El CPGJ, introducido en el diseño constitucional a iniciativa de la izquierda en 1978, ha sido una experiencia bastante desafortunada. Las discordias comenzaron a propósito de la interpretación del artículo 122.3 de la Constitución, que fija la composición del CGPJ y la manera de formarla. Doce vocales deben ser nombrados "entre jueces y magistrados" y otros ocho "entre abogados y juristas" de reconocida competencia votados a partes iguales por las dos Cámaras con mayoría cualificada de tres quintos: los 20 miembros eligen después conjuntamente al presidente del CGPJ y a la vez del Supremo. Aunque el primer órgano de gobierno de la magistratura confió en 1980 la designación de los 12 vocales judiciales a sus compañeros de carrera, la Ley del Poder Judicial modificó en 1985 el procedimiento, atribuyendo a las Cámaras el nombramiento conjunto de los 20 miembros. La reforma aprobada en 2001 por unas Cortes con mayoría absoluta del PP arbitró una vía intermedia: la carrera judicial propone 36 candidatos para sus 12 vocalías, si bien los parlamentarios continúan eligiendo a todos los miembros.

Esa fórmula de compromiso reúne los peores defectos de ambos procedimientos. La mayoría de tres quintos de las Cámaras necesaria para la elección de los 20 vocales otorga actualmente a socialistas y populares -como grupos hegemónicos- la capacidad de bloquear indefinidamente los nombramientos del CGPJ. Así lo está haciendo desde hace diez meses el PP, cumpliendo de esta forma la amenaza lanzada por su portavoz Astarloa a finales de 2004. Y los eventuales acuerdos entre los partidos -cuando se producen- fijan la cuota asignada a cada formación como un casillero en blanco, rellenado después libremente por las organizaciones con el único criterio de asegurarse la obediencia disciplinada de los candidatos.

Los 12 vocales procedentes de la carrera judicial han secundado la lógica de los partidos por razones político-corporativas. Aunque el artículo 127 de la Constitución prohíba a los magistrados "pertenecer a partidos políticos o sindicatos", la autorización en ese mismo precepto de "las asociaciones profesionales" reintroduce a través de la ventana los demonios expulsados antes por la puerta. Las relaciones de patrocinio de la Asociación Profesional de la Magistratura con el PP y de Jueces para la Democracia con el PSOE proyectan sobre el CGPJ -como si fuese un espejo- las mayorías y minorías partidistas de las Cámaras.

La febril actividad desplegada por la mayoría del CGPJ designada en 2001 -con el pintoresco presidente Hernando a la cabeza- contra el Gobierno elegido en 2004 mueve al PP a mantener su cadáver en pie, con la esperanza de que su victoria electoral en las legislativas le permitiera imponer su hegemonía en la renovación parlamentaria ahora bloqueada. Llevando la moratoria hasta el absurdo, el boicot indefinido a la renovación de los órganos constitucionales (el CGPJ y el Tribunal Constitucional) por la minoría de bloqueo popular sería un golpe de Estado blando. Dada la condición mortal de la especie humana y la inevitable usura del tiempo, el CGPJ del año 2001 hibernado por el PP se iría desvaneciendo a causa de las jubilaciones, las incapacitaciones y los fallecimientos sin que fuera posible cubrir sus vacantes: esa eutanasia del Poder Judicial implicaría también la muerte dulce del Estado de derecho.