Marbella invierte 237.000 euros más para reducir los gastos de personal

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha encargado a una consultora la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo para reorganizar su gigantesca plantilla y establecer cuántas personas son necesarias para cada servicio. El estudio costará 237.800 euros procedentes de una subvención de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y está previsto que concluya en unos cinco o seis meses. Según el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, supondría una segunda fase de un informe "mucho más genérico" encargado por la Comisión Gestora al final de su mandato, y que ya costó unos 30.000 euros.

El catálogo repasará "puesto por puesto de trabajo" las responsabilidades, funciones, horario o remuneraciones de cada empleado municipal y permitirá ver dónde hace falta gente o dónde sobra. "Es un instrumento de trabajo fundamental", precisa Rubio. La primera teniente de alcalde, María Francisca Caracuel (PP), aseguró ayer que también servirá para acabar con "remuneraciones arbitrarias" establecidas por los antiguos gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Según Caracuel, se dan casos en los que varios trabajadores que desempeñaban las mismas funciones tienen sueldos muy diferentes porque recibían incentivos económicos, complementos de productividad y gratificaciones de forma casi graciosa. "El estudio determinará los salarios siguiendo patrones objetivos, justos y lógicos", dijo. El contrato se ha adjudicado mediante concurso público a la empresa Consultores de Gestión Pública S.L. y tiene como objeto la "consultoría y asistencia técnica para la reorganización de la estructura de todos los servicios municipales y el establecimiento de la plantilla necesaria".

Cerca de 3.200 trabajadores

Caracuel destacó que, "por primera vez", el Ayuntamiento realizará "análisis exhaustivo" de los puestos de trabajo. La ordenación afectará al Consistorio, sociedades municipales y organismos autónomos. Entre funcionarios y personal laboral suman 3.200 trabajadores, a partes casi iguales. Hasta la fecha sólo existía una relación de puestos de trabajo que se modificaba anualmente. Fuentes consultadas mantienen que la antigua alcaldesa Marisol Yagüe (GIL), imputada en el caso Malaya, ya intentó realizar un estudio similar y llegó a encargarlo a una empresa que no lo terminó por falta de pago.

La puesta en orden de la plantilla es uno de los de los requisitos que ha puesto la Seguridad Social para negociar un aplazamiento de la deuda contraída por el Consistorio durante los 15 años en los que los gobiernos del GIL se negaron a pagar las cotizaciones de sus empleados. La comisión gestora negoció una serie de plazos, que implicarían el comienzo del pago fraccionado de casi 200 millones a comienzos de 2008, pero el Ayuntamiento mantiene que no puede añadir a los tres millones mensuales que paga por sus trabajadores otros tres millones en concepto de deuda.