Mediación
La comercialización de productos financieros y aseguradores se apoya en muchos casos de diferentes tipos de mediadores que ponen en contacto a consumidores/clientes con los proveedores de los servicios, siendo tal su relevancia que en muchos casos es más importante la confianza en el intermediario que las características del servicio o proveedor particular del mismo.
Por ello, la regulación de la actividad de intermediación es crítica en la protección de los consumidores y debe orientarse a la profesionalidad y transparencia en el ejercicio de su actividad, así como a dotar de garantías a los clientes.
El proceso de adaptación del sector de mediadores de seguros reciente derivado de la Ley de Mediación puede considerarse un ejemplo de este enfoque. Además de las nuevas figuras de mediación reguladas (operador de bancaseguros para las entidades financieras comercializadoras de seguros y agentes vinculados que operan con varias compañías), los cambios introducidos han supuesto un cambio en el mapa del sector. Así, de más de 450.000 agentes de seguros existentes antes de dicha norma, su número se ha reducido a unos 120.000 registrados.
La regulación de la intermediación es crítica para proteger a los consumidores y debe orientarse a la profesionalidad y transparencia
Paralelamente, un total de 21 agencias de entidades financieras han engrosado la categoría de operadores de bancaseguros, junto con entidades que actúan como tales directamente, y el número de corredores y corredurías se ha reducido en más de un 10%.
Otras actividades de mediación aún quedan pendientes de transitar este camino hacia la modernización, siendo el ejemplo más claro el de los intermediarios en operaciones de financiación (agrupadores de deudas, brokers hipotecarios). El proyecto de regulación ya en marcha es previsible que permita una identificación de los actores en dicho mercado, a los que se podrán aplicar exigencias de capacitación, garantías patrimoniales para los clientes y una mayor transparencia en su actividad, ofreciendo así una mayor protección a los consumidores.
Fernando Azpeitia y Enrique Martín son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas.
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