Escuela de inmigrantes

En el curso escolar que empieza estos días habrá alrededor de un 9,4% de estudiantes extranjeros en las aulas españolas (de 7,2 millones que estudian educación no universitaria), más del doble que hace cinco años. A pesar de que este fenómeno se está viendo venir desde hace una década, la inmensa mayoría de estos niños sigue escolarizándose en centros públicos (82%) y muy pocos estudian en colegios concertados. En 1996, los estudiantes inmigrantes representaban el 0,7%. Los constantes cambios legislativos que se han ido realizando en la última década no han abordado este problema, que provoca el florecimiento de un número cada vez mayor de colegios públicos donde los inmigrantes llegan a representar el 80% del alumnado. Esta situación, asimilable a un gueto escolar, lleva a un descenso del nivel educativo en numerosos centros, porque es evidente que no es lo mismo dar clase a 20 alumnos cuando 15 son extranjeros y hablan diferentes lenguas que cuando sólo son tres.

La llegada de niños procedentes de otras culturas, que es sin duda un enriquecimiento para la educación de los alumnos españoles y una escuela permanente de convivencia, se está convirtiendo en un problema inquietante para el sistema educativo. No ha habido ninguna iniciativa política que promueva la distribución equitativa de los inmigrantes por todos los centros financiados con los impuestos de los ciudadanos, es decir, los públicos y los concertados.

La principal razón de esta acumulación de alumnos en la escuela pública es que la mayoría de los colegios concertados, aunque muchas veces no lo reconozcan, escogen a sus alumnos, ya que la mayoría cobra cuotas, teóricamente voluntarias, a todos sus estudiantes a través de fundaciones o de asociaciones de padres. Huelga decir que muchos padres de inmigrantes no pueden permitirse pagarlas y, a menudo, son ellos mismos los que se echan atrás a la hora de intentar matricular a su hijo en la concertada. La escolarización de los alumnos depende de comisiones formadas por representantes de los ayuntamientos, comunidades autónomas y diferentes sectores sociales. Aunque un Gobierno no puede entrar en las competencias municipales, sí podría implantar medidas que, por ejemplo, impidieran el cobro de cuotas en la escuela concertada -quizá a cambio de revisar la cuantía de los conciertos-, o bien les obligaran a escolarizar a un mínimo de extranjeros.

La España multicultural y multirreligiosa que se está formando no encaja ni con la lucha de una sola religión por mantener el monopolio de la educación en valores ni con el empeño de algunos en evitar la integración de niños extranjeros en todo el sistema. El apoyo a la escuela pública para otorgar a todos los alumnos el derecho a una educación de buen nivel no puede esperar más. No debe seguir permitiéndose que ese abandono de lo público siga causando la marcha masiva de muchas familias de clase media a la escuela concertada por miedo a dar a sus hijos una educación de peor nivel.