El PP reclama disolver 43 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV

El PP he decidido mantener la presión sobre el Ejecutivo en política antiterrorista para lograr que ilegalice a ANV, la formación para la que Batasuna pidió el voto. Eduardo Zaplana anunció ayer la presentación de una proposición en el Congreso para que se ilegalice a esta formación pero sobre todo para que el Gobierno, en aplicación del artículo 61 de la Ley de Régimen Local, disuelva los 43 ayuntamientos gobernados en el País Vasco y Navarra por ANV. Sólo el municipio de Marbella ha sido disuelto en 30 años de democracia. El Gobierno rechaza la propuesta. Cree que no se dan las condiciones previstas.

El PP ha reclamado la ilegalización de ANV desde el minuto en que se supo que Batasuna pediría el voto para ellos, que sería su marca electoral como antes lo fue el PCTV. Sin embargo, ayer fue más lejos en su propuesta y recuperó un artículo, el 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que abre la posibilidad para disolver un ayuntamiento cuando realice "acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".

Este segundo apartado del artículo 61 fue añadido en marzo de 2002, mientras gobernaba José María Aznar, tras un acuerdo entre el PP y el PSOE en el seno del Pacto Antiterrorista. La medida fue propuesta por el socialista Álvaro Cuesta y aceptada por su homólogo en el PP en ese momento, Esteban González Pons. Sin embargo, ningún ayuntamiento de las decenas que tenía Batasuna entonces fue disuelto gracias a esta ley. En 2003 hubo elecciones municipales y el Gobierno, la fiscalía y el Supremo impidieron que Batasuna pudiera presentarse bajo ningún nombre, por lo que perdió todos sus ayuntamientos.

En los comicios de mayo de este año, la fiscalía decidió impulsar la anulación de la mitad de las listas de ANV, algo que rechazó el PP y permitió a esta formación hacerse con el poder en 43 ayuntamientos.

Eduardo Zaplana reclamó ayer al Ejecutivo que, como primera medida, ilegalice a la formación ANV ante la evidencia de que se ha negado a condenar los últimos atentados de ETA. Cuando se le recordó que el Gobierno del PP esperó a que el 5 de agosto de 2002 la banda matara a una niña en Santa Pola (Alicante) para iniciar la ilegalización de Batasuna, Zaplana aseguró que no tiene sentido esperar: "ETA está atentando, afortunadamente todavía no ha habido que lamentar la pérdida de ninguna vida, pero no porque no lo hayan intentado".

En realidad, la principal reclamación del PP -que registró ayer esta proposición que se votará en las próximas semanas- consiste en la ilegalización de ANV. "Nunca tenía que haber estado en los ayuntamientos. ETA y Batasuna no tenían que haber vuelto a las instituciones, pero eso ya es una realidad desgraciadamente y no me voy a retraer a aquel debate que ustedes conocen porque lo hemos protagonizado en exceso. Simplemente creo que el tiempo, y lo lamento, nos ha dado sobradamente la razón", sentenció Zaplana.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se mantuvo en la línea seguida por el resto de miembros del Gobierno al insistir en que sólo se actuará contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) cuando existan indicios suficientes contra ella. Esto significa que el Ejecutivo no considera la no condena de los últimos atentados por parte de ese partido como una prueba de su relación con ETA. Bermejo fue claro y explicó que para actuar, es decir, que el Gobierno inste la ilegalización de la formación al Tribunal Supremo, es necesario que aparezca una novedad con "trascendencia jurídica" y no "periodística ni social". Fernández Bermejo aseguró que desde el Gobierno se está vigilando los movimientos de ANV pero para actuar en su contra "primero se tienen que dar esas circunstancias con carga probatoria". Eso sí, "si hay relación de ANV con ETA, actuaremos", recalcó.

Respecto a la legalidad del partido, tan cuestionada por el PP, quien en reiteradas ocasiones ha instado al Gobierno a que pida su ilegalización, el ministro recordó las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que permitieron la presentación de la formación en las últimas elecciones municipales y autonómicas, y que "dejaron claro que la ilegalización hubiera sido injustificada".