Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
COLUMNA

Septiembres, Octubres, Noviembres...

He visto este verano, como tanta otra gente, el filme de Carles Bosch Septiembres. La película es un buen reflejo del mundo de las cárceles españolas. Está hecha con rigor y refleja, como se ha dicho, múltiples pactos entre equipo de producción cinematográfico, instituciones penitenciarias (algo tendrá que ver en todo esto el buen talante de Mercedes Gallizo, la directora general) y, sobre todo, los presos y sus familias o amigos. Es cierto que las víctimas no están presentes y que la cámara trata con cariño y dignidad a los recluidos, pero esos eran, y no otros, los objetivos de la película. "Que sean culpables o no, es igual, tú no les juzgas... Son seres humanos...", afirma Bosch.

La población carcelaria española ha crecido un 50% sólo en los últimos siete años

Lo más significativo del filme, desde mi punto de vista, es precisamente la dimensión humana del mismo; la posibilidad de construir y reconstruir lazos y vínculos entre personas que, por las razones que sean, están apartadas de la vida ordinaria, en algunos casos por muchos años. Esa posibilidad de recuperar la vida y la dignidad planea en todo el filme, usando como excusa el festival de la canción que se hace todos los años, en septiembre, en el penal de Soto del Real. La película nos plantea, además, el reto de cuestionarnos sobre el sistema penitenciario en España y su creciente protagonismo como falsa válvula de escape de las nuevas y viejas tensiones sociales.

Las cárceles son uno de los barómetros más sensibles de la situación social de una comunidad. Y ese barómetro nos muestra una situación de las cárceles en España más bien complicada. No para de crecer el número de presos en las cárceles españolas. Estamos ya por encima de los 66.000 recluidos. De los cuales, casi una cuarta parte está pendiente de juicio. Muchos de ellos están en esa situación meses y meses. No hay en toda Europa un país que tenga más personas recluidas si exceptuamos Gran Bretaña.

Si relacionamos población reclusa con población total, ahora tenemos el doble de población reclusa en España que en Dinamarca o Suecia. Así, mientras Francia tiene 88 reclusos por cada 100.000 habitantes, o Alemania 93, en Cataluña tenemos 132 y en el resto de España 146 por cada 100.000 habitantes. Como decíamos, sólo Gran Bretaña, con 149, nos supera ligeramente.

Las estadísticas disponibles nos dicen que desde 2000 las cosas han ido empeorando. En ese año teníamos unos 100 reclusos por 100.000 habitantes. Ahora casi 150. En sólo siete años. La tendencia parece estructural, fruto de las nuevas tensiones que la evolución de un desarrollo sólo visto en clave económica y profundamente individualista está generando. El volumen de los recluidos tiene que ver, sin duda, con la reciente llegada de un gran número de inmigrantes en España, y de hecho su presencia en las cárceles es muy significativa. Pero eso también afecta a países con largas trayectorias de recepción migratoria que, no obstante, presentan cifras globales mucho menores. En Cataluña, la única comunidad autónoma que gestiona el sistema penitenciario, las cifras de población reclusa son menores. Existe un sistema articulado de medidas penales alternativas (bien gestionado por el Institut de Reinserció Social, IRES) y un conjunto de mecanismos más desarrollados de reinserción y mediación penal que en el resto de España. Pero lo cierto es que la evolución de las cifras es bastante similar a la del resto de España, y nada nos hace pensar que podamos lanzar las campanas al vuelo.

Es evidente que las cosas son peores (o mejores para algunos) en Estados Unidos. La situación allí indica una tendencia mucho más profunda de la que un examen superficial podría hacer pensar. Las cifras muestran que si en 1980 el número de personas encarceladas era de 130 por cada 100.000 habitantes, en 2004 alcanzaban casi los 500, y desde entonces sigue aumentando. Según datos del servicio estadístico del Departamento de Justicia norteamericano, las personas que estaban bajo supervisión penal (encarcelados, en libertad vigilada o condicional) en 1980 eran poco más de 1.800.000. En el año 2004 rozaban los 7.000.000 de personas. Una de cada 10 personas de raza negra en el país está en alguna de las situaciones penales mencionadas. Como no podría ser de otra manera, el gasto en política penitenciaria se ha sextuplicado en esos últimos 20 años, mientras que la política social, en proporción, ha disminuido su peso en el conjunto del gasto público del país.

Afirmaba Bosch en unas declaraciones a EL PAÍS que, tras su largo periplo por algunas de las cárceles españolas, ha percibido muchas sinrazones del sistema penitenciario, y ha constatado la falta de credibilidad que tiene la política oficial de reinserción entre muchos de los profesionales implicados en el sistema. Y afirmaba que se daría por satisfecho si el filme lograba que "los cagaderos sean individuales, los locutorios mejores, la comida más comestible, las salas de vis a vis tengan toallas...".

Convendría un examen en profundidad de lo que está pasando y evaluar qué aspectos deberían modificarse del proceso penal y del funcionamiento de las instituciones penitenciarias. Sobre todo cuando el clima social que se respira es de creciente malestar, notable sensación de vulnerabilidad y desconfianza hacia el futuro. Y cuando ello ocurre, la mirada simplificadora y autoritaria que reclama mano dura y tolerancia cero acostumbra a ser muy bien recibida, ya que de entrada saca de la calle a los que aparentemente más molestan, aunque no tengan nada que ver con los que, de manera mucho más estructural, provocan el desasosiego y la inquietud. Son simples políticas de final de cañería que no se plantean razones y alternativas, sino que tratan simplemente con los residuos sociales. Sin duda hay casos de muy difícil reinserción (como nos recuerda el reciente caso del violador infantil en Francia, o el caso del violador de Barcelona), pero esos casos específicos no pueden servir para hacer retroceder la voluntad de reinserción que todo sistema penal avanzado precisa.

Ahora, en septiembre, una vez más, cantarán algunos presos en el Soto del Real. Y ello volverá a crear un espacio de dignidad, una nueva oportunidad para que las personas vibren, se encuentren y sean. Pero, celebrando que sea así, y que Bosch nos lo haya hecho visible, conviene ir preguntándonos por lo que ocurra en octubre, noviembre y los meses siguientes, y también qué políticas deberíamos ser capaces de implementar para que cambie la tendencia, y cada vez tengamos menos gente apartada de la libertad. Menos gente a los que sólo aplicar políticas de final de cañería.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2007