El juez estudia anular por un error formal parte del juicio del Yak-42

Sorpresa en la vista de los recursos sobre el caso Yak-42 en la Audiencia Provincial de Zaragoza . Tras las intervenciones de los abogados de las familias de los 62 militares muertos en el siniestro y de la compañía intermediaria Chapman Freeborn, el juez planteó la posible nulidad de la demanda contra esta última por un defecto de forma: debió presentarse ante un juzgado mercantil y no ante uno civil.

La sección cuarta de la Audiencia de Zaragoza vio ayer el recurso contra la sentencia que, en febrero de 2006, condenó a las tres compañías implicadas -la línea aérea ucraniana UM Air, la reaseguradora rusa Bussin Joint-Stock y el broker Chapman Freeborn- a pagar casi 10 millones de indemnización a los herederos de las víctimas.

Sin embargo, el principal apoyo le vino a la compañía del presidente del tribunal, Juan Medrano, quien puso sobre la mesa la posible nulidad del proceso contra Chapman porque la demanda se presentó en un juzgado civil y no ante el mercantil que ya existía en Zaragoza en diciembre de 2004.

Ni la propia Chapman había planteado este argumento en su recurso. La compañía no había comparecido y fue declarada en rebeldía en el juicio, por lo que ayer hizo su primera comparecencia pública.

El letrado José Luis Goñi negó que se le hubiese citado correctamente en el juicio, acusó al juez de primera instancia de haber dictado una sentencia apresurada y justiciera, aconsejó a las familias que plantearan sus reclamaciones al Estado español y dijo que los argumentos de la acusación le recordaban a la "la guerra de Gila"

En la medida en que Chapman no era propietaria del avión ni responsable de la tripulación -se trataba de una simple comisionista-"no tiene nada que ver con las indemnizaciones", argumentó.

El abogado Eudaldo Vendrell, en nombre de las familias, consideró un error que el juez hubiera tomado como modelo, a la hora de cuantificar las indemnizaciones, el baremo previsto para los accidentes de trafico, y reclamó un monto total de 60 millones.

Todas estas cuestiones quedaron orilladas cuando el juez planteó inopinadamente la posible nulidad de la demanda contra Chapman -que se presentó después de la dirigida contra la compañía aérea y la reaseguradora- y dio a los abogados un plazo de diez días para que se pronuncien.

Vendrell se mostró convencido de que no prosperará la iniciativa, dada la necesidad de salvaguardar la unidad de las actuaciones, y recordó que, en el peor de los casos, sólo se anularía la causa contra Chapman, no contra las otras dos compañías. Javier Hernández, otro letrado de las familias, se mostró sorprendido por el alegato del magistrado y señaló que la responsabilidad de un supuesto error formal correspondería a la Administración de justicia, que es la que reparte los asuntos entre los juzgados.

Los familiares que asistían a la vista no ocultaron su desazón ante lo ocurrido, pero confiaron en que el proceso no se siga torciendo. La mayoría, como los padres del capitán José María Muñoz, se lamentaban de que la justicia les cierre "todas las puertas", e insistían en que su objetivo no es lograr dinero, "sino justicia".