El Gobierno tramita la ley de Vivienda sin tiempo para aprobarla

No hay tiempo para aprobarla, pero el Ejecutivo andaluz va a iniciar el próximo martes, en su primera reunión tras el verano, la tramitación del anteproyecto de ley de la Vivienda, en el que se regulará como un derecho el acceso de los andaluces a una vivienda digna.

Según fuentes del Gobierno, se trata de provocar un "debate social" en la comunidad en el que participen todos los sectores para cumplir el artículo 25 del nuevo Estatuto de Autonomía. Éste dice: "Los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten".

En España no hay precedentes de una norma similar y sólo en Francia existe una legislación específica. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, dará a conocer el martes los objetivos básicos del proyecto, un día después de que la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, se entrevisten en Madrid.

De la subida de las hipotecas, por el incremento de los tipos de interés, se habló en la reunión preparatoria del curso mantenida por miembros del Gobierno y de la ejecutiva regional del PSOE. Fuentes del Ejecutivo afirmaron que la mayoría de las consejerías han hecho aportaciones para paliar el gasto familiar por la subida de las hipotecas, pero reconocieron la "dificultad" de establecer medidas concretas. Las iniciativas de la Junta se dirigen más a establecer propuestas dentro del vigente Plan de Familias como el acceso a las guarderías.

Al apretado calendario de leyes en los próximos cuatro meses -hay 14 leyes y la de presupuestos-, el Gobierno quiere añadir antes de mediados de septiembre la ley que permitirá la elección de cualquier andaluz como senador en representación de la comunidad, como prevé el nuevo Estatuto, frente a la actual limitación que vincula este nombramiento a los parlamentarios autonómicos. El Ejecutivo afirma que si no se regula ahora no entraría en vigor hasta dentro de cuatro años.