¿Podrían ocurrir las averías de Barcelona en Madrid?

Una ley no garantiza el funcionamiento de los servicios públicos a toda costa. Pero ayuda. Y eso es lo que se propone el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre para evitar un apagón como el sufrido en Barcelona el pasado 26 de julio. De todas formas, la situación que ha vivido la Ciudad Condal, donde una buena parte de la ciudad (unos 350.000 abonados) se quedó sin luz, es difícil que ocurra en la región.

No es una cuestión de compañías distribuidoras, sino de las conexiones con las vías de alta tensión que en Madrid son más numerosas. Además, en la red eléctrica de la región se han hecho mayores inversiones y las estaciones tienen más conexiones entre ellas. Eso permite que, en caso de que falle el suministro en un punto, haya más vías y, por tanto, posibilidades de recuperarlo. Barcelona está más aislada y lleva años esperando mejorar sus instalaciones.

En realidad, el reglamento aprobado ahora por el Gobierno de Aguirre aprovecha la sensibilidad ciudadana provocada por el apagón de Barcelona para arrimar el ascua a su sardina. Porque la Ley de Garantía del Suministro, que está vigente desde el pasado 17 de abril, ya aseguraba que las compañías cumplieran con sus obligaciones y las sometía a fuertes sanciones en caso contrario. De hecho, Aguirre ideó la normativa tras los apagones que sufrió Madrid en el verano de 2006.

El texto legal ya desarrollaba la normativa estatal en vigor desde la liberalización del sector eléctrico, en 1997. La ley nacional establece que las compañías distribuidoras son responsables del correcto suministro de la energía, que deben llevar a cabo dentro de unos estrictos márgenes de calidad.

La diferencia que establece el futuro reglamento aprobado ayer tiene que ver con el plazo máximo para restaurar el servicio en el caso de fallo de la red. Mientras la ley fija el tope en cuatro horas para el 70% de los clientes, y de ocho para el 100%, el reglamento los reduce a tres y a seis horas.

También hay diferencia en cuanto a las multas. Con la ley en la mano, el tope máximo de las sanciones es de tres millones de euros. Ahora el proyecto de ley de Aguirre lo eleva a 30 millones de euros.