La Generalitat baraja incrementar su peso en dos filiales de Applus
La Generalitat de Cataluña estudia aumentar sus paquetes accionariales en las filiales de la empresa de certificación e inspección Applus en las que participa, según ha explicado el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, en una entrevista con Efe. "La parte pública de la Generalitat en estas empresas en ningún caso disminuirá por la entrada de Carlyle (el fondo de capital riesgo que ha comprado Applus) y en algún caso aumentará", ha declarado Huguet.
La Generalitat controla el 20% del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) y el 5% del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI), dos entidades cuyo socio de referencia es Applus. La paradoja radica en que la empresa es fruto de una privatización de la propia Generalitat, aunque bajo el último Gobierno de CiU.
Agbar, Caja Madrid y Unión Fenosa vendieron Applus en julio a un consorcio controlado por Carlyle por 1.480 millones y, "por tanto, queremos aprovechar la nueva situación", ha dicho.
Huguet alude al "papel estratégico de ambas empresas, ya que el IDIADA, por ejemplo, es clave para el sector de la automoción en Cataluña". El consejero añade que "en el campo de la certificación en el automóvil deberíamos comprar alguna compañía para ganar relevancia internacional y así podríamos ser líderes".
Josep Huguet ha aclarado, además, que "estamos en contacto con todas las partes implicadas y Carlyle, por ahora, ha delegado las conversaciones en la antigua propietaria, Agbar, que continuarán las próximas semanas".
La Generalitat ultima la nueva Ley de Seguridad Industrial que ha de fijar las cuotas de posición dominante en el mercado de las ITV. "En principio, será del 40% para que no haya grados de monopolio", ha asegurado Huguet.
Cumplir con la nueva ley
La Generalitat ya había confirmado que los nuevos propietarios de Applus, el fondo estadounidense Carlyle (75%), cinco cajas catalanas, encabezadas por Caixa Catalunya, y el RACC (25%) deberán vender una parte de las ITV de Cataluña para cumplir con la futura normativa sobre seguridad industrial. Esta nueva norma afectará a Applus, que controla más del 80% del mercado de las ITV en Cataluña y que por ello debería vender una parte de su red en esta comunidad autónoma, lo que permitirá la entrada de nuevos operadores en un sector que se ha beneficiado del aumento del parque automovilístico y del crecimiento económico.
La nueva Ley de Seguridad Industrial debería suponer una solución rápida del contencioso que la Generalitat mantiene con la compañía por los cambios en las ITV introducidos en 2003 y que revocó alargamientos de las concesiones que había otorgado a la empresa el último Gobierno de Jordi Pujol.
