Cuarto y reválida

El cuarto y último curso de la legislatura se inicia estos días con la vista puesta en el examen electoral de marzo, mes de la cita que confirmó ayer Zapatero en Lugo. El curso anterior, como gran parte de la legislatura, estuvo condicionado por la expectativa de un final dialogado de ETA, que se convirtió en eje de la oposición del PP. Paradójicamente, el fracaso del intento negociador ha creado una situación de menor crispación. Seguramente porque sin noticias sobre contactos es más difícil para los populares alimentar en el día a día la denuncia de entreguismo, y porque si hay atentados, como el del pasado viernes, la opinión pública tiende a alinearse con el Gobierno y ve mal los excesos de los críticos.

Pero también porque, contra lo que pareció en su momento, el Gobierno ha demostrado que sí tenía un plan B: eficacia policial (20 detenidos este verano), y ahora se verá si también fin de la tolerancia hacia la ilegalizada Batasuna. Y porque, a diferencia de lo ocurrido en el final de la tregua de 1998-1999, el resultado del intento no ha sido la aproximación del nacionalismo vasco democrático a las tesis soberanistas, sino un regreso al pactismo y al autonomismo, con el líder del PNV, Josu Jon Imaz, como claro exponente.

Por parte del PSOE, decisiones en principio coyunturales, como la de utilizar la expresión "Gobierno de España" en los mensajes institucionales, han dado lugar a una teorización de la necesidad de reforzar la idea de España como sentimiento compartido y espacio de cohesión social y territorial, para no abandonar ese terreno a la derecha. A ello hizo alusión ayer Zapatero en Lugo al afirmar que su partido debatirá "propuestas" para la mejora de España. El ministro Caldera es el encargado de recoger y plasmar en el programa esas orientaciones: por una parte, aplicar (y poner en valor) leyes sociales ya aprobadas, especialmente la de Dependencia y la de Igualdad; y, por otra, sacar adelante la universalización de la escolarización de los menores de 3 años. Todo ello financiado gracias al prolongado periodo de crecimiento económico, que también ha reducido drásticamente el paro, lo que constituye el principal aval electoral de Zapatero. La búsqueda del pleno empleo, otro de los objetivos anunciados por Caldera, abría un planteamiento impensable hace no tantos años.

Para revalidar su victoria, el PSOE necesitaría mantener el voto tentado por la abstención de los jóvenes, que en 2004 fue decisivo. El acceso a viviendas asequibles es el principal incentivo para este sector de la ciudadanía, y seguramente explica el cambio de titular en el ministerio. Pero también faltan otras propuestas movilizadoras para la juventud y una parte de la izquierda abstencionista. En el aspecto territorial, y tras la victoria del PP por escaso margen en el conjunto de España en las municipales de mayo, el PSOE busca equilibrar los resultados de Madrid y Valencia, comunidades en las que los conservadores le sacaron un millón de votos. Pero también necesita mantener a resguardo de la abstención el millón de votos (y los 15 escaños) que sacaron al PP en Cataluña en las últimas legislativas, gracias sobre todo al efecto Zapatero.

Los sondeos indican que tanto si gana el PSOE como si lo hace el PP, difícilmente lo harán por mayoría absoluta. La política de alianzas seguirá siendo, por tanto, determinante. Zapatero habría preferido un acuerdo con CiU, pero lo dificulta la situación del partido de Artur Mas como oposición a Montilla en Cataluña. Un ensayo (no definitivo) de los futuros pactos tendrá lugar este otoño en relación con la tramitación de los Presupuestos del Estado. En principio, al Gobierno le bastaría con que PNV e IU no plantearan enmienda de totalidad, y tratar de asociar a CiU (y quizá a ERC) con enmiendas parciales.

Los nacionalistas catalanes exigen más inversiones, de acuerdo con el compromiso incluido en el nuevo Estatuto. Pero el Estatuto mismo está pendiente de los recursos de inconstitucionalidad presentados (uno de ellos, por el PP). Una resolución que impugnase puntos esenciales del Estatuto tendría efectos negativos para los socialistas, y de ahí su interés en que el tribunal no se pronuncie antes de las elecciones. Lo cual depende en parte de cuestiones previas de procedimiento. Pero no es seguro que una resolución favorable a su recurso (y no sólo interpretativa de los artículos más dudosos) favoreciera las expectativas del PP.

La apuesta de este partido por el todo o nada (mayoría absoluta o seguir en la oposición) hace tiempo que entró en crisis. El revuelo provocado por el paso al frente de Ruiz-Gallardón, postulándose para acompañar a Rajoy al Congreso, revela una debilidad de fondo que no puede ya explicarse únicamente por el supuesto interés de los socialistas en aislarle. El desmarque de Miguel Sanz, pidiendo grupo propio de UPN para que Navarra tenga voz diferenciada en el Congreso, es otro síntoma de esa debilidad. Pero en la comunidad foral también se han puesto en evidencia los riesgos que asume el PSOE con su política de dar por supuesto que la alternativa a una derecha unida es la alianza de la izquierda con los nacionalistas.