Marbella pide a la Junta que salve 300 parcelas

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) quiere que la Junta de Andalucía no expropie los terrenos de 300 diseminados del núcleo marbellí de San Pedro incluidos en el Plan Especial Guadaiza. El proyecto, incluido en el Plan del Territorio de la Costa (POT) pretende reservar 197 hectáreas para actuaciones estratégicas como un centro universitario, un centro tecnológico, sedes empresariales o viviendas de protección oficial, y también prevé la expropiación de una finca de 50.000 metros propiedad de Juan Antonio Roca, principal imputado del caso Malaya.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) defiende que la renuncia a estos terrenos es "técnicamente viable", mientras que los vecinos preparan movilizaciones para evitar que les arrebaten sus fincas "a precio de suelo rústico".

La regidora se comprometió ayer con los afectados a luchar para que sus terrenos no se incluyan dentro del área de desarrollo. "No podemos permitir que los derechos legítimamente adquiridos por estas personas se vean gravemente afectados por el desarrollo del plan", dijo. Muñoz pedirá a la Junta que tenga una "sensibilidad especial" con estos vecinos, a los que no se les ha dejado construir hasta el momento por tener la zona "un especial valor agrícola". "No se trata de grandes propietarios de terreno, ni de personas que los han adquirido para especular, sino de familias que se los han transmitido de generación en generación y los han cultivado como modo de vida", sostuvo. "Creo que la propia Junta de Andalucía no va a poner ninguna objeción", aventuró la concejal de Urbanismo, Alba Echevarría.

La presidenta de la plataforma de afectados, Maria del Carmen Blanco, explicó que la expropiación afecta a 300 familias de propietarios, además de a empresas de construcción o viveros con medio centenar de empleados cada uno. "No nos parece que el plan sea descabellado, pero queremos que cuenten con nosotros", expuso. "No nos pueden tratar como si esto fuese Antequera o Campillos. Esto es la Costa del Sol, estamos a dos kilómetros de Puerto Banús", añadió Antonio Ortiz, otro de los afectados.

La actuación afecta a los términos de Marbella y Benhavís y reserva suelo en torno a sus dos márgenes del río Guadaiza. Según los cálculos de los afectados comprenden unas 100 hectáreas, la mitad de la reserva que quiere hacer la Junta.