El fútbol y la ley

La explotación de los derechos audiovisuales del fútbol español vuelve a generar conflictos, fruto del aventurerismo de algunos, empeñados en confundir el mundo de los negocios con la estética de los trileros. Los ingresos provenientes de la televisión son desde hace años la fuente principal de financiación de los clubes de fútbol, pese a que éste es, desde el punto de vista de la explotación comercial, casi ruinoso para las televisiones. Las que emiten en abierto no logran ni de lejos compensar el costo de los partidos que ofrecen mediante los ingresos de publicidad. En cuanto a las de pago, ya hay suficiente experiencia en el mercado, por parte de operadores de cable y satélite, que indican hasta qué punto las desmesuradas expectativas generadas por el pago por visión eran del todo infundadas. A las televisiones les interesa, no obstante, seguir emitiendo fútbol, ya sea por motivos de audiencia (La Sexta), de identidad política (TV-3 de Catalunya y Canal 9 de Valencia) o como manera de obtener abonados (Digital + y los operadores de cable). De ese modo, se había logrado un equilibrio favorable para todas las partes, sobre todo para el espectáculo futbolístico: permitió atraer a los mejores jugadores del mundo, convertir la Liga española en una de las más interesantes y aumentar su audiencia.

Pero el equilibrio se ha roto por la intervención especulativa de intermediarios, como es el caso de Mediapro (accionista de La Sexta), cuya actividad en este terreno parece alejarse de lo que exige la prudencia mercantil, amén de llevarse a cabo con una absoluta falta de transparencia. Audiovisual Sport (sociedad de la que tiene un 80% Sogecable y un 20% la televisión pública catalana) es titular de la mayoría de los derechos de la Liga y de la Copa para las dos próximas temporadas, y ha denunciado los reiterados incumplimientos de Mediapro respecto a los contratos y acuerdos suscritos entre ambas compañías. La filial de Sogecable ha hecho público que la suspensión a Mediapro por parte de Audiovisual Sport de la señal que le permitía explotar un partido en abierto de Primera División es consecuencia del impago de 58 millones de euros y del incumplimiento de otras obligaciones, después de que la empresa que preside Jaume Roures decidiera, en contra del acuerdo que había suscrito, lanzarse unilateralmente a la compra de derechos de decenas de equipos. En derecho, los pactos están para ser cumplidos, y Audiovisual Sport pone de relieve que se había acordado que ella, como titular de los derechos de los clubes, fuera la encargada de renegociar los contratos, pacto que no se ha respetado.

El conflicto nos retrotrae a los días de la guerra digital lanzada por el Gobierno de Aznar contra los medios de comunicación que no le eran obedientes. La petición del PP en el sentido de que medie el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes sólo pone de relieve con qué facilidad el mundo del fútbol ha sido utilizado por ese partido de manera demagógica, hasta el punto de aprobar la famosa Ley del Fútbol que establece la obligación de emitir semanalmente un partido por la televisión en abierto, sin que nadie especifique quién y cómo ha de pagarlo.

Pero esa ley no es la única a la que debe responder el deporte, tan sometido a las códigos Civil y Penal como cualquier otra actividad. El fútbol es antes que nada un negocio de entretenimiento de masas que mueve cientos de millones de euros al año. Dinero éste que, por desgracia, no ha bastado para sanear las cuentas de algunos clubes, siempre con la mano levantada hacia el presupuesto público o con el índice señalando a las recalificaciones urbanísticas. El coste actual del fútbol televisado se acerca a los 400 millones de euros anuales, y las promesas hechas por Mediapro -se ignora con qué avales, si existen- podrían elevar dicho coste hasta los 600 millones. A raíz de la demagogia inventada por Aznar y Cascos, el fútbol para todos puede convertirse en el nuevo pan y toros de nuestra política, pero alguien tendría que decir quién va a pagarlo.

Ahora le toca, sin embargo, al partido socialista demostrar que tiene un criterio más moderno y evolucionado que el de la derecha sobre el tratamiento de cuestiones que afectan, desde luego, al interés público, pero que se constituyen y originan en el terreno de lo privado, están regidas por el derecho mercantil y civil y, a mayor abundamiento en este caso, quedan pendientes de la resolución de los tribunales de justicia, ante los que hay presentados diversos procedimientos. Es a dichos tribunales a los que toca decidir si las partes involucradas no llegan a un acuerdo que parece improbable en este momento. Cualquier mediación de otro género debe ser por lo demás bienvenida, la haga el Gobierno o la oposición (que por cierto ha interferido de forma directa y abusiva a través de las televisiones públicas que controla en Madrid y la Comunidad Valenciana). Es obligación de las autoridades velar por el interés general, desde luego, pero nuestro Estado de derecho se basa en leyes y normas definidas que es preciso respetar.

La intervención ayer de la Liga de Fútbol Profesional, cambiando por sorpresa los horarios de determinados encuentros, con la colaboración de los equipos valencianos subvencionados por la televisión pública de esa comunidad, permite albergar los peores presagios respecto al empeoramiento del conflicto. Las leyes del mercado exigen una transparencia absoluta y a ella están más obligadas que nadie las televisiones públicas que administran dinero del contribuyente.

Tras la tristemente famosa guerra del fútbol de la pasada década, la explotación de éste había alcanzado un modelo racional y viable que había logrado superar la fragmentación de los derechos de los clubes, ofrecer al usuario una oferta garantizada y participar del negocio a todos los operadores (en otros países europeos, determinados canales poseen la exclusiva). La irrupción del filibusterismo en este terreno no puede ser asumida como una nueva guerra entre medios, y es ridículo suponer que una empresa solvente y cotizada en Bolsa se vaya a rendir ante la demagogia sin defender el derecho de sus accionistas y clientes. La complacencia con quien rompe las reglas de juego será un camino directo hacia el desastre para quien la practique. Lo que está en juego, en definitiva, es la solvencia y el futuro de las empresas de comunicación y de los clubes de fútbol.