La fiesta de cumpleaños que terminó en 'muerte dulce'

Patricia pudo no haber estado allí. Su presencia en la fiesta fue resultado de un cúmulo de coincidencias. Visitó la comarca para tratar sobre un contrato de trabajo. Y murió. Patricia Jiménez Merchante, de 21 años, fue una de las 18 personas que perdieron la vida en el albergue de San Cristóbal, en La Todolella (Castellón). Todas ellas, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, fallecieron el 6 de febrero de 2005 por inhalación de monóxido de carbono mientras dormían en el albergue rural.

La utilización de una estufa de uso industrial en una habitación cerrada fue mortal. La conocida como muerte dulce acabó con la vida de todos ellos en el lapso aproximado de una hora, según desvelaron las autopsias. Mucho más largo fue aquel frío domingo y, sobre todo, las horas que transcurrieron desde que se conoció la tragedia hasta que los familiares pudieron identificar los cuerpos de sus seres queridos. Mucho más largo está siendo el procedimiento judicial abierto de oficio aquella misma noche, cuando la juez de Vinaròs que se hizo cargo de las diligencias decretó el secreto del sumario.

La calefacción no funcionaba, y alguien buscó una fuente de calor que resultó mortal

Los familiares critican la "pasividad" judicial en los dos años y medio transcurridos

Los 18 cadáveres fueron trasladados a la ciudad de Castellón, tras un trayecto de cerca de 100 kilómetros, hasta el Instituto de Medicina Legal, a donde acudieron los familiares. Más de 25 psicólogos tuvieron que atender aquella noche a unas 250 personas, entre familiares y amigos de los fallecidos.

"Iba a volver el mismo sábado, pero llamó y la esperábamos el domingo". Dos años y medio después, a la madre de Patricia, Carmen Merchante, le cuesta hablar de lo ocurrido. Consciente de que ya nada será igual, afronta el procedimiento judicial con la esperanza de que se investigue y de que la justicia determine si existe alguna responsabilidad. Ella cree firmemente que la hay.

Al igual que Carmen, familiares de otros fallecidos se organizaron en la Asociación Víctimas de La Todolella y se personaron en la causa como acusación particular. Fue apenas un mes después de la tragedia y, desde entonces, apenas han conseguido que se practiquen algunas de las pruebas que han solicitado.

"Nuestras peticiones son lógicas", apunta Carmen, "pero nos hemos encontrado con un continuo 'no' por parte del juzgado que, después, la Audiencia provincial ha ido resolviendo a nuestro favor", explica. Estos trámites suponen la interposición de recursos y meses de espera. Además, por el juzgado que instruye las diligencias han pasado ya tres jueces.

"Pasiva" es la palabra que más utiliza Carmen para calificar la actuación judicial. "Estamos decepcionados, pero no cansados", afirma rotunda y sabedora de que habla, también, por todos los familiares que se han personado en la causa. Su "queja" no va sólo dirigida a los jueces, sino también a la Fiscalía. Al margen de que la posición del Ministerio Público sea distinta a la de la acusación particular, Carmen no puede entender, al igual que el resto de miembros de la asociación, cómo el fiscal no ha acudido a los interrogatorios que se han practicado hasta el momento. "Su presencia es potestativa, pero tratándose de vidas humanas, aunque fuera por ética, no debería faltar", razona. Y es que, después de más de dos años, la madre de Patricia, además de llevar señalado el sufrimiento en el rostro, ha adquirido un conocimiento poco común de los procedimientos judiciales.

A media tarde de aquel 6 de febrero sonó el teléfono en casa de los Jiménez Merchante. "Dime, nena", contestó Carmen, segura de que Patricia llamaba para anunciar la hora a la que llegaba el tren que, según creía, había tomado en Castellón para llegar a Valencia, donde estudiaba y residía. Pero al otro lado sólo escuchó llantos y una voz que alcanzó a decir: "Patricia está muerta". Era uno de sus amigos, de los muchos que había hecho en la comarca de Els Ports durante unas prácticas laborales en una emisora de radio local. Uno de los que sabían que Patricia había acudido a una fiesta de cumpleaños organizada en el albergue de San Cristóbal.

El lugar contaba con un patio interior a cuyo alrededor se hallaban la iglesia, la cocina y dos habitaciones, cada una capaz de albergar a una veintena de personas. Las heladas de la semana anterior en la zona habían causado una avería en el sistema de calefacción central. Las tuberías habían reventado. Por eso la calefacción no funcionaba. Y por eso se buscó otra fuente de calor que resultó inapropiada y mortal.

Era una estufa industrial, propia de granjas, que precisaba, para la correcta combustión del butano, mucha ventilación. Ventilación que no tenía la habitación en la que se acostaron de madrugada y que cerraron a cal y canto para evitar la entrada del frío mañanero de principios de febrero. Una habitación en la que había instalado un gran radiador que no funcionaba. Y a la que tampoco trasladaron alguna de las "múltiples estufas móviles" que sí funcionaban y que, según se comprobó después, había en otras dependencias del albergue.

"Yo no considero culpable a quien llevó la estufa, me da igual quien lo hizo", dice Carmen. El colectivo que encarna la acusación particular pone especial énfasis en que el albergue de San Cristóbal "no reunía las condiciones exigidas".

El hecho es que el establecimiento es de titularidad municipal y, en aquel momento, funcionaba a través de una concesión a una empresa privada. El albergue había sido dado de baja del registro oficial de la Generalitat Valenciana aunque la página web de la administración autonómica seguía ofertándolo.

Las pruebas por las que ha estado "peleando" la acusación particular se ceñían a la repetición de los interrogatorios a los dos supervivientes de la tragedia (el anfitrión y su pareja, que durmieron en otra habitación), a los que les fue tomada declaración horas después de descubrir los cadáveres. "Es imposible que bajo ese impacto se pueda declarar sin estar en un estado de shock", argumenta Carmen. La acusación particular también reclamó que se repitiera el interrogatorio a los responsables de la empresa concesionaria y al alcalde, que ha ofrecido versiones contradictorias sobre su conocimiento de la celebración del evento en un municipio de apenas 150 habitantes. Además, la acusación solicitó un informe pericial, que también le fue denegado.

En las diligencias, la muerte de Patricia "no es más que la historia número 6". Para Carmen, la muerte de su hija es mucho más que un número.