Réplica de Esperanza Aguirre

Su diario publicó el lunes 30 de julio un editorial titulado "Políticas arbitrarias", donde se vierten una serie de críticas y de juicios de intenciones contra la recientemente aprobada Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid y contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los juicios de intenciones, sólo diré que son, en el fondo y en al forma, impropios de un diario de la seriedad y el prestigio de EL PAÍS, además de una falta de respeto a la inteligencia de sus lectores. Respecto a las críticas, tengo que decir que siempre estoy dispuesta a debatir y a explicar a los ciudadanos las razones y los principios que inspiran las medidas que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y eso es, precisamente, lo que pretendo hacer en esta carta.

Para empezar, es rotundamente falso que la Ley de Medidas Urgentes suprima el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad de Madrid, como afirma el editorialista. Se limita, únicamente, a hacer posible que los altos cargos ejerzan funciones docentes, por ejemplo como profesores de universidad.

En lo que se refiere a las alturas de las viviendas, países como el Reino Unido, Holanda o Bélgica, con superficies territoriales muy inferiores a la de España, y con una arraigada tradición de defensa del medio ambiente, tienen mucho más suelo urbanizado que nuestro país. Y ciudades como Ámsterdam o Bruselas, que son referencias mundiales en materia de urbanismo, de transportes y de calidad de vida, son ciudades extensas y ajardinadas, donde predominan las viviendas unifamiliares con parcela y donde es casi imposible ver edificios residenciales de más de 4 alturas fuera del centro. El modelo de urbanismo que se practicó en España en los años 60 y 70, con moles de 15 alturas rodeadas de páramos, quizá fuera necesario entonces, como solución de urgencia frente al éxodo masivo del campo de las ciudades. Pero hoy es innecesario e incompatible con las necesidades y las aspiraciones de los madrileños a una vivienda de calidad. Es necesario un modelo de urbanismo más humano, más transparente, más ágil y menos arbitrario. Y, en este sentido, establecer un máximo de alturas elimina de raíz la posibilidad de retener suelo con fines especulativos, a la espera de que el lápiz de algún político o de algún funcionario incremente arbitrariamente el número de alturas permitido y, por tanto, los beneficios de los especuladores.

Y, para terminar, también es falso que la Ley de Medidas Urgentes impida a los agentes forestales cumplir con sus funciones. Lo único que hace es equiparar su autoridad, como no podía ser de otra manera, a la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes, para entrar legalmente en una propiedad privada, salvo en caso de flagrante delito o, como en el caso de los agentes forestales, para extinguir un incendio, deben solicitar una orden o mandamiento judicial. La propiedad, y no sólo el domicilio habitual, es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución. Y nada más liberal que garantizar que la entrada y la inspección de las autoridades públicas en una propiedad privada se realiza con todas las garantías de respeto al propietario y a su propiedad.

Lamento sinceramente que al editorialista todas estas medidas le parezcan ocurrencias arbitristas y sórdidas cacicadas. Porque los únicos objetivos de la nueva Ley son introducir eficacia, transparencia y seguridad jurídica en la Administración y en el Urbanismo, así como proteger la propiedad y mejorar la calidad de vida de los madrileños. Y, personalmente, creo que pocas políticas hay más liberales que estas.