Sed de cenizas

Un pirómano y un incendiario no son lo mismo, aunque sus acciones tengan idéntico resultado. Elena Borges, una tinerfeña que compagina estos días su labor de psicóloga clínica con la indignación por los incendios que han convertido 11.000 hectáreas de bosque canario en la mayor reserva nacional de ceniza, acota los límites de la patología: "Una persona que tiene intereses económicos o personales en un incendio no es un pirómano". "El pirómano", describe, "es un enfermo incapaz de controlar sus impulsos y que actúa movido por su pasión por el fuego y sus consecuencias, a menudo, envalentonado por el alcohol". La de incendiario es una categoría más amplia, que incluye a los que buscan venganza, pastos o compensaciones económicas.

El 60% de los siniestros forestales son intencionados, estiman fuentes del Seprona

Todavía no se sabe si él lo es, pero en un rasgo típico de los pirómanos, Juan Antonio Navarro, el vigilante incendiario de Gran Canaria, dio la alarma del fuego que había provocado. Avisan "después de haber disfrutado de la contemplación de su obra, que es lo que más les complace", explica Borges. Tras la satisfacción nace la culpa, porque no son psicópatas insensibles al dolor. El tratamiento es difícil. La psicóloga considera que los enfermos son a menudo caracteres frágiles que "suelen carecer de la voluntad de curarse". De ahí la importancia de la prevención, sobre todo en la infancia, y del estricto control de los diagnosticados.

Pirómanos o no, los incendiarios se sienten dueños de los montes en verano. Fuentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) estiman a partir de pruebas periciales que el 60% de los incendios forestales son premeditados. Pese a ello, ni la Fiscalía de Medio Ambiente ni Justicia tienen un listado de condenas. Sólo existe uno, oficioso y no exhaustivo, de Greenpeace, que recoge 70 sentencias por incendios cometidos desde 1993. Únicamente 29 de ellas son condenas por quemar intencionadamente.

Miguel Ángel Soto, responsable de Bosques de Greenpeace, denuncia la situación de impunidad que transmite la estadística: "Presumimos desde 1994 del código penal más moderno de Europa, pero no se aplica en todo su rigor".

Celso Rodríguez, teniente de la brigada de investigadores forestales de la Guardia Civil de Galicia, afirma que es sencillo demostrar que un fuego es intencionado. Pero no es fácil condenar a un incendiario: las llamas destruyen las pruebas inculpatorias. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana. "Los fuegos surgen en pequeñas poblaciones, aisladas, donde todos los vecinos se conocen y evitan los problemas; además, el deterioro de la memoria también juega a favor de los incendiarios", explica el teniente Rodríguez. En el caso de Serafín Pardiñas, de 53 años, no hubo olvidos, sólo silencios y miedo. Pardiñas, un alcohólico de la aldea de Bugarín (Pontevedra), se convirtió en 2006 en responsable de un incendio que dejó atrás tres víctimas y 8.500 hectáreas de carbón. El testimonio de sus vecinos, que hasta entonces se habían resistido a delatarle, sirvió para imputarle 92 incendios más.

Álvaro García Ortiz, el fiscal de incendios de Galicia, reconoció el miércoles que Pardiñas es el único de los 194 incendiarios detenidos el año pasado que sigue en prisión. Otros tres están en psiquiátricos. Desde el Seprona consideran que el dato es "engañoso" porque "el 98% de los detenidos están implicados en procesos judiciales, pero no se les puede tener en la cárcel indefinidamente". Por el momento, de los 20 detenidos este año en Galicia por fuegos premeditados, dos están en prisión preventiva, y otros dos bajo vigilancia.

Miguel Ángel Soto considera que "pirómanos e incendiarios reincidentes deberían estar sometidos a una vigilancia intensa" que vaya más allá de las visitas de control actuales. La Fiscalía de Medio Ambiente está de acuerdo con ello. El fiscal responsable considera que internar a los reincidentes durante el verano "es parte de la solución". Por lo pronto, el fiscal coordinador de Medio Ambiente a nivel estatal, Antonio Vercher, ha anunciado que el detenido de Gran Canaria será el primer incendiario que se someta a una prueba psicológica voluntaria destinada a crear un retrato robot del criminal.

Los casos de empleados en la lucha contra el fuego que se revelan incendiarios son los más impactantes, y no escasean. En 2003, un vigilante de una torreta incendió unas 20 hectáreas de monte en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) para perjudicar a la empresa administradora de las tierras, con la que tenía una disputa familiar. Un trabajador del retén de extinción murió de un infarto y el vigilante ahora espera sentencia.

El Código Penal castiga el delito con penas que se deciden en función de la gravedad del fuego y el peligro en que pongan la vida de personas. La más alta es de 20 años, pero se aplica raramente porque implica que el acusado reconoce su culpa y que era consciente de las consecuencias de sus actos. Hasta el momento, la condena máxima son los diez años de prisión de Juan José Cosín, de 39 años, que destruyó 5.300 hectáreas de pinos en 1994 en Los Serranos (Valencia). Al acusado no se le pudieron imputar más incendios a pesar de que la Guardia Civil identificó en fuegos anteriores un vehículo idéntico al suyo, una furgoneta roja cargada de latas de combustible.

La policía busca al incendiario que redujo a carbón 3.000 hectáreas en Los Realejos, Tenerife. El jueves, el Cabildo de la isla presentó el arma del crimen bajo el misterioso nombre de "dispositivo de ignición". La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apostilló que "casi, casi" se conocía al culpable. Los vecinos de la zona describen a un pirómano de manual y confiesan que desde hace años temían la llegada del fuego: las brigadas forestales ya habían sofocado "cien conatos" en el mismo punto en que nació el incendio, explicaba el miércoles el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior. Los rumores insisten en la imagen de un enfermo con dedos de fuego. Si finalmente la Guardia Civil le detiene, sin duda será un certero golpe de efecto. Pero harán falta pruebas para condenarle.