El fiscal investiga si el dinero público iba a negocios privados

De las arcas públicas al bolsillo privado. La Fiscalía investiga si el director gerente de Mutua Universal, Juan Aicart, y sus más estrechos colaboradores podrían haber desviado dinero de la de la Seguridad Social a financiar varias sociedades privadas vinculadas a la mutua. Se trata de alrededor de una decena de compañías de ámbitos como los servicios de prevención de riesgos laborales e incluso inmobiliario. Antes del informe de la Intervención de la Seguridad Social, dos denuncias habían puesto el cascabel al gato.

Las actuaciones se centran, de momento, en Juan Aicart y sus colaboradores

Anticorrupción investiga si tiene entre las manos algo más que una travesura contable. La tercera mutua española de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Mutua Universal, tiene un grupo de sociedades vinculadas entre las que figuran empresas dedicadas a servicios de prevención de riesgos laborales y alguna inmobiliaria, según fuentes de la investigación.

La entidad catalana, al ser una mutua de trabajo, recibe fondos de la Seguridad Social para pagar las bajas de los trabajadores y prestar servicios sanitarios, entre otros. La investigación está tratando de averiguar si Juan Aicart y sus más próximos colaboradores -pueden ser cuatro o cinco personas más- inflaron algunas facturas o incluso las inventaron por servicios nunca prestados para financiar sus negocios privados.

Las sospechas dejan al margen de momento al presidente de la mutua, Juan Echevarría Puig, ex presidente de Nissan en España y suegro del presidente del Barça, Joan Laporta, y la junta directiva de la entidad, en la que figura José Ignacio López de Arriortúa, conocido como Súper López.

El fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, Emilio J. Sánchez, recalcó ayer que no podrá confirmarse la "existencia o inexistencia" de una supuesta doble contabilidad en Mutua Universal hasta que no se examine detalladamente la documentación y los soportes informáticos intervenidos el martes en el registro que llevó a cabo la Policía Nacional en la sede barcelonesa de la entidad.

Mutua Universal, que este año cumple su centenario, tiene su sede en un elegante palacete en la parte alta de Barcelona, en la avenida Tibidabo. Allí es donde los agentes policiales buscaron anteayer la supuesta contabilidad 'B' o alternativa que, según las sospechas de la Fiscalía, se podría haber estado llevando a cabo de forma más que discreta en una habitación concreta del inmueble.

La Fiscalía insistió ayer en que las diligencias en curso se están llevando a cabo de la forma menos lesiva para el funcionamiento regular de la mutua y no van a entorpecer la prestación normal de sus servicios. Lleva el caso el tribunal de primera Instancia número 21 de Barcelona, que decretado secreto de sumario.

Hasta ahora, los responsables de la mutua han defendido su inocencia y la legalidad de todas sus actuaciones al frente de la entidad.

La Fiscalía tomó cartas en el asunto a raíz del informe presentado por la Intervención de la Seguridad Social, que detectó "graves irregularidades", aunque otras dos denuncias ya habían levantado sospechas. Una la presentó un ex empleado de la entidad y otra la Federación ASPA, que es la patronal que agrupa a servicios de prevención laboral ajena.

Concretamente, ASPA denunció ante la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social Mutua Universal acusándola de servirse de los recursos humanos y materiales de que dispone como mutua colaborada del Estado para financiar su actividad privada de prevención de riesgos. Es decir, denuncia competencia deseal, una crítica que el presidente de la patronal ASPA, Juan Prat, hace extensiva a la mayor parte de mutuas. También Fremap ha sido denunciada.

En el caso de Mutua Universal, ASPA pidió la intervención de la Fiscalía. La patronal considera que la entidad catalana utiliza a su personal de la actividad mutual para desarrollar sus trabajos de prevención, que son privados. "Las mutuas utilizan recursos que tienen por ser mutuas para competir con empresas de prevención de riesgos como nosotros", criticó ayer Juan Prat.

En este contexto, el Gobierno aprobó un decreto en 2005 obligó a las mutuas a segregar su actividad privada de prevención de riesgos a otras sociedades. Según ASPA, Mutua Universal no ha traspasado los trabajadores que necesitaría para desarrollar su actividad de asesoramiento a empresas. Según la patronal, Mutua Universal prácticamente no había transferido personal administrativo a sus sociedades de prevención, para el que hubiesen sido necesarios "un mínimo de 160 trabajadores más" con un coste mínimo aproximado de 3,2 millones, según ASPA, que Mutua Universal se ahorraba.

Con estas prácticas, las mutuas de accidentes de trabajo "abaratan tanto los servicios de prevención de riesgos a las empresas que casi lo dan gratis, y han degradado esta actividad", remachó Prat.

Ayer, diversas asociaciones de usuarios y consumidores, como Ausbanc la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad y Consumo (CUS), así como el sindicato Comisiones Obreras, reclamaron al Gobierno un control más estricto sobre la actividad de estas entidades.