El precio de los alquileres y de las VPO expulsa a los jóvenes de Valencia

La Copa del América ha roto el mercado del alquiler en Valencia en el último año. "Lo que antes valía 500, ahora vale 800". Es el diagnóstico de las inmobiliarias y la percepción de los jóvenes y los inmigrantes, los más perjudicados por la permanencia de la renta fuera de la órbita. Los datos del último censo municipal muestran la huida de 30.000 personas hacia el área metropolitana. Las escasas viviendas protegidas terminadas en la capital (Aumsa crea 20 anuales) y su elevado precio (un 45% más caro que en los alrededores) complican aún más la independencia juvenil.

El metro de viviendas públicas en Valencia cuesta 1.630 euros por los 1.000 de alrededor

"Ya no quedan alquileres baratos, ahora la mayoría van de 1.000 a 1.500 euros", analiza Soledad de Checa, propietaria de un agencia inmobiliaria Porfinalquilo, en el centro de la ciudad. Esta empresa colabora con la agencia estatal del Ministerio de Vivienda. En su opinión, la promoción pública del alquiler es "el mejor método" para acabar con otra de las claves del encarecimiento de los pisos: las viviendas vacías. 60.000 sólo en la ciudad.

"Me piden por el alquiler de un piso 600 euros y a mí me da la risa". Paula, de 32 años, cobra por su trabajo de diseñadora 800 euros. Los fines de semana aprovecha para ganar un dinero extra como cocinera, camarera, e incluso, cantante. Aún así, con dos hijas, no ha podido aguantar el tirón de la subida de las rentas y se ha visto obligada a volver a casa con su madre. "Es fuerte ¿No?", resume. Desde hace tres años lleva buscando un piso protegido en Valencia sin éxito. "He ido al Ivvsa (Instituto Valenciano de la Vivienda), Aumsa (Sociedad Municipal de Actuaciones Urbanas), Infovivienda solidaria, hasta con la concejal de Bienestar Social", describe. "Sólo me dan palmaditas", subraya.

Vicente González Móstoles, edil socialista en Valencia y arquitecto municipal de profesión, calcula que en los últimos años han emigrado 30.000 personas, "en su mayoría jóvenes", hacia el área metropolitana, según los datos del padrón. El concejal achaca al Ayuntamiento la falta de políticas de vivienda protegida. Aumsa, empresa pública dedicada a esa tarea, apenas crea VPO: tan solo 20 anuales. Los socialistas creen que la huida juvenil está apoyada en un encarecimiento de la vivienda protegida en la capital. Mientras que en Valencia el precio del metro cuadrado construido de VPO cuesta 1.630 euros, en los alrededores roza los 1.000.

Cuando algún afortunado encuentra un alquiler accesible, también se topa con otra explicación al sobreprecio del metro cuadrado: la mayoría de las casas de menor tamaño están vacías. En toda la provincia de Valencia hay 200.000 pisos deshabitados a pesar de que en la comunidad valenciana se han construido 300.000 viviendas nuevas en los últimos años.

Muchas parejas jóvenes han optado por cejar en su empeño de buscar casa en Valencia. Verónica, tiene 27 años y vive con su novio de 32 en Torrent. Entre los dos cobran 1.700 euros y la hipoteca les absorbe 800. Viven con lo justo para pagar un piso de más de 50 años de antigüedad, que no alcanza los 70 metros cuadrados y no dispone de garaje ni trastero. La independencia soñada se acabó al poco tiempo, cuando tuvieron que pedir ayuda a sus padres "para cubrir los gastos de comida, gasolina...", explican.

"Los propietarios se empeñan en poner alquileres altos y nosotros les avisamos: estáis provocando que realquilen las habitaciones", explica De Checa. Patricia Peiró, de 32 años, paga a medias con dos estudiantes chilenas 500 euros de alquiler. "El problema es que ellas se marchan en octubre y no sé qué voy a hacer", lamenta. Después del verano, Peiró hará frente al alquiler con 1.000 euros de sueldo. Para ella, el diagnóstico es claro: "La culpa es de la alcaldesa, que no da terreno para cooperativas de VPO".

El Ayuntamiento ha sido condenado por el Tribunal Supremo a reingresar en VPO 14 millones que obtuvo de la venta de suelo municipal y dedicó a otros equipamientos. A pesar de la condena, el mes pasado volvió a subastar patrimonio municipal del suelo por valor de siete millones de euros. Las leyes que regulan el urbanismo de las ciudades obliga a dedicar el patrimonio municipal del suelo a viviendas protegidas de manera directa o indirecta.