Pioneros de la integración

"No es sólo defender, sino integrar". Francisco Sánchez López ocupa uno de esos cargos que esconden cierta contradicción: por un lado, como Defensor del Discapacitado de Alcorcón (175.000 habitantes), trabaja para las personas con discapacidad de la ciudad; por otro, sueña con que figuras como la suya no fueran necesarias. Hasta la fecha, es el único de estas características que trabaja en la Comunidad de Madrid.

"El hecho de que sea preciso que alguien defienda los derechos de estas personas demuestra que aún existe discriminación. Nuestro objetivo es que sea la sociedad y no una oficina o una figura determinada la que los proteja como ciudadanos que son". Es el particular mantra que repite Sánchez López desde que ocupa su cargo, que cuenta con estatuto y oficina propios y que trabajará de forma independiente, tanto en el control de la Administración local, como en la información, ayuda y tramitación de reclamaciones.

"Nuestro objetivo es que sea la sociedad la que los proteja como ciudadanos que son"

Tras 32 años trabajando en el movimiento asociativo, Sánchez tiene claros cuáles son los problemas que sufren hoy las personas con discapacidad, pero también sabe que existen diferencias: "Casi tantas como personas".

"Para un discapacitado psíquico y sensorial los problemas principales están relacionados con la posibilidad de llevar a cabo una vida independiente, en la medida en la que sea posible", destaca el Defensor del Discapacitado. Para ello, añade, es crucial la posibilidad de acceder a un empleo y a una formación adecuada que permita integrar a estas personas.

Los discapacitados físicos presentan otros problemas, más relacionados con la propia fisonomía de las ciudades, habitualmente agresivas. "En las ciudades existen multitud de barreras arquitectónicas, algunas urbanísticas, otras creadas en virtud de la propia convivencia, que hacen difícil, por ejemplo, circular con una silla de ruedas o acceder a edificios públicos y privados", relata Sánchez López. Barreras que, lejos de ir desapareciendo con el tiempo, "se extienden en los nuevos desarrollos, ya que las ciudades no crecen habitualmente pensando en aquellos de sus ciudadanos que presentan problemas de movilidad".

Para acabar con todo ello, Sánchez López reivindica una mayor implicación de las administraciones, que si bien han promulgando normativas y leyes, muchas de ellas no se aplican. Como sucede con la reserva de plazas de trabajo para discapacitados tanto en la propia Administración como en empresas. "Sería necesario que se interpretase esa ley para permitir que discapacitados sensoriales y psíquicos accediesen con mayor facilidad a plazas de empleo público", advierte.

La creación de infraestructuras para la atención de estas personas es otra de las necesidades del colectivo: "En Alcorcón esperamos que pronto entre en marcha la nueva residencia de discapacitados, pero harían falta al menos 10 más en toda la Comunidad, así como pisos tutelados donde estas personas puedan tener una cierta independencia". En ese sentido es cauto con la recientemente aprobada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que "habrá que ver cuál es su desarrollo".

Pero para avanzar en la integración, el nuevo Defensor del Discapacitado de Alcorcón considera inexcusable la concienciación ciudadana con el objetivo de que nadie vea a estas personas como extraños, sino como ciudadanos que necesitan comprensión y ayuda. Un proceso de concienciación que ha de dirigirse también a las propias familias que tienen un discapacitado.

"A veces los familiares sobreprotegen a sus hijos, hermanos... Y es comprensible. Pero es necesario que cualquier persona que presente una discapacidad pueda tener la posibilidad de llevar a cabo una vida lo más independiente posible", insiste.

El nuevo Defensor del Discapacitado de Alcorcón, donde hay censadas más de 6.200 personas con discapacidad, ha sido elegido por la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, si bien su estatuto lo reconoce como figura independiente, con financiación y personal a su cargo. Entre sus cometidos están recibir y tramitar las quejas del colectivo, informar sobre proyectos urbanísticos y de empleo, impulsar campañas de información o elaborar informes con recomendaciones a la Administración local.