Camps pone trabas a la desaladora de Torrevieja tras perder en el Constitucional

El Consell que preside Francisco Camps no ceja en su empeño de frenar a toda costa la desaladora de Torrevieja. Tras el varapalo que recibió el pasado martes del Tribunal Constitucional, que confirmó la suspensión del acuerdo del Cosell que paralizó la desaladora por su supuesto impacto negativo, auto que supone avalar la legalidad y el respeto ambiental de la infraestructura, ahora la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado la autorización de vertido de la planta. El consejero José Ramón García Antón asegura que es "una decisión responsable y no política".

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha rechazado la autorización de vertido solicitada por Acuamed para la desaladora de Torrevieja (Alicante), según consta en la resolución dictada contestando al recurso de alzada interpuesto por esta empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, informaron ayer fuentes de la Generalitat en un comunicado. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Agua "da contestación al argumento esgrimido por Acuamed contra la desestimación por silencio administrativo de la autorización de vertido al mar para la planta desaladora de Torrevieja", apuntaron desde el Consell.

La decisión del Consell denegando la autorización de vertido se toma apenas cuatro días después de que el Constitucional rechazara la orden de paralizar la obra por su supuesto impacto negativo. "De su puesta en marcha", asegura el alto tribunal sobre la planta, "no se derivan afecciones medioambientales de tal entidad que justifiquen su prevalencia sobre los intereses generales vinculados a la seguridad del abastecimiento". El tribunal también recordó que en la misma zona donde se construye la planta que promueve Adrián Baltanás, director general de Acuamed, el propio Consell ya ha autorizado "otras instalaciones vinculadas a la prestación de servicios a la población como un hospital, una subestación eléctrica o, incluso, una depuradora".

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, insistió en que "una vez más se demuestra que la actitud del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la construcción de la desaladora de Torrevieja, en particular, y con todas las actuaciones del Programa Agua, en general, está basada en la improvisación y la rapidez por querer poner en marcha actuaciones que no cuentan con todos los permisos y autorizaciones que marca la legislación".

Según explicaron, la Consejería de Medio Ambiente y Agua ampara su decisión en que la competencia para otorgar la autorización de vertido y de determinar las condiciones del mismo "es de la administración autonómica". El objetivo de la consejería es "garantizar que el vertido se realice minimizando la incidencia sobre los valores ambientales de la zona, que es un Lugar de Interés Comunitario (LIC)", señaló García Antón. El consejero manifestó que "como siempre el Ministerio de Medio tiene de dos varas de medir", con respecto a los asuntos que afectan a la Comunidad Valenciana: por un lado "argumentan razones medioambientales, que no se han demostrado para derogar el Trasvase del Ebro o modificar el Trasvase Júcar-Vinalopó y por otro, obvian las afecciones medioambientales que puede generar el vertido de la desaladora de Torrevieja a una zona que es Lugar de Interés Comunitario".

Otro de los puntos que destaca la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente y Agua es que la autorización de vertido "no puede en ningún caso ser condicionada por la Declaración de Impacto Ambiental", emitida por la Administración del Estado, "como pretende Acuamed".

García Antón resaltó que "esta resolución no es arbitraria ni política sino responsable, ya que el Gobierno valenciano no puede permitir que el Ministerio de Medio Ambiente obvie las competencias autonómicas y que al problema del agua en nuestra comunidad lo único que aporte sean soluciones desmesuradas y siempre tomadas desde la unilateralidad y sin la negociación y la llegada a acuerdos con todas las partes".