La juez del 'caso Anesvad' decreta la administración judicial para la ONG

El juzgado de Bilbao que investiga la presunta apropiación de fondos en Anesvad -la undécima ONG en España por dinero gestionado- ha decretado que la entidad pase a ser gestionada por tres administradores bajo control judicial. Cuatro meses y medio después de la detención del ex presidente y fundador de la entidad, José Luis Gamarra, que sigue en prisión provisional por presunta apropiación, la juez titular ha quitado las competencias de dirección de la ONG a su patronato, formado por familiares de Gamarra, por "el peligro de que se sigan desviando fondos".

"Existe el peligro de que los miembros del Patronato sigan actuando según las instrucciones del imputado", agrega la juez Belén Mendoza en la resolución dictada el día 19, atendiendo una petición de la Fiscalía. En ese órgano de gobierno de las fundaciones, el actual presidente es un cuñado de Gamarra, otros cuatro miembros son familiares y el sexto, una amiga íntima del ex presidente. La juez sostiene que estos lazos pueden obstaculizar el conocimiento de datos que impliquen al imputado, que dejó de ser presidente en mayo.

Anesvad fue fundada en 1968 por Gamarra, quien ha situó la entidad entre las más importantes, con 160.000 socios y 35 millones de euros de presupuesto en 2005. Pero a costa de una gestión personalista, falta de rigor y transparencia (fue expulsada por ello de la Fundación Lealtad) y con campañas de comunicación muy agresivas cuestionadas por otras ONG. En los últimos años, una veintena de empleados ha abandonado la entidad.

En septiembre de 2005 se descubrió que dos directivos se habían apropiado de un millón de euros y empezó a actuar la justicia, que el pasado marzo envió a prisión a Gamarra por una presunta apropiación de fondos cifrada en tres millones de euros.

El episodio de los dos directivos, es citado en la resolución de la juez, que reprocha al patronato que no iniciase un procedimiento penal contra ellos. Por otra parte, el ex presidente aceptó que la salida de ambos de la entidad fuera bajo la fórmula de un despido improcedente. De forma que "a pesar de haber cometido un delito de apropiación indebida", y además de entregarles la compensación lega establecida para "los verdaderos despidos improcedentes", resalta la juez, ambos recibieron una compensación total de 312.804 euros. "Tales operaciones se realizan con el conocimiento y aprobación del Patronato", con lo que "incumplieron claramente sus obligaciones", añade la resolución. Sus miembros tampoco se opusieron a que "un porcentaje muy importante" del dinero recibido por la fundación se haya invertido por parte de Gamarra en fondos y sociedades de acciones "sin ningún fin social", además de "múltiples inversiones financieras en fondos FM y FIAM en diferentes entidades financieras". Tan sólo en una Sicav y en un fondo se mantenía una inversiónde casi 5,5 millones.

Al reflejar la falta de rigor y el desorden en la gestión patrimonial de la fundación, la juez destaca que los miembros del patronato "no se opusieron en ningún momento" a esas operaciones financieras ajenas a su fin social, aunque permitidas sus estatutos. En este sentido apunta que "no existía proporción alguna" entre las cantidades que Anesvad recibía "de donativos, subvenciones y herencias" y las "cantidades invertidas en proyectos sociales", pese a lo cual seguía realizando agresivas campañas de publicidad para captar más fondos, como los anuncios televisivos sobre la lepra y la úlcera de Buruli.

En la resolución se recoge asimismo que el patronato consintió la creación y mantenimiento de un llamado "Departamento de Logística" formado por cuatro o cinco personas que, según varios testigos, "se dedicaban a realizar los recados personales del Sr. Gamarra". A este departamento se destinaron, presuntamente, "importantes sumas de dinero que provenían de donativos".

La juez concluye que, ante tales indicios de "falta de transparencia y mala gestión" por parte del patronato, y ante el peligro de que se sigan desviando fondos y sus miembros sigan actuando según las instrucciones de Gamarra, que era quien controlaba la fundación, "procede la adopción de la medida cautelar de administración judicial". Para ello, reclama al protectorado de Fundaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que nombre "sin dilación" tres personas cualificadas que lleven la administración de Anesvad bajo el control del juzgado. La medida tendrá una duración temporal de cinco años.

La intervención judicial se produce cuando los trabajadores de Anesvad que han asumido le gestión de la ONG han cambiado sus estatutos -los presentaron el pasado día 23- y anunciado la renovación completa del patronato, con la salida de los familiares de Gamarra, para dotarla de mayor rigor y transparencia.