El Constitucional avala la legalidad de la desaladora de Torrevieja

El Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno definitivo a las obras de la planta desaladora que construye el Gobierno en Torrevieja. En un auto dictado el pasado martes, el pleno del alto tribunal, con el voto particular en contra de uno de los magistrados, rechaza la orden de la Generalitat de paralizar las obras por un supuesto impacto negativo sobre el entorno de un parque natural. Textualmente, la resolución dice: "De su puesta en marcha [de la planta] no se derivan afecciones medioambientales de tal entidad que justifiquen su prevalencia sobre los intereses generales vinculados a la seguridad del abastecimiento". Mientras, el voto particular emitido por el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, asegura que la protección del medioambiente debe adoptarse "desde el principio de precaución".

El Constitucional confirma la suspensión del acuerdo adoptado el pasado 1 de marzo pasado el director territorial de Territorio y Vivienda en contra de la desaladora y estima la mayoría de los argumentos de la Abogacía del Estado. Esta parte defendió que la construcción de la desaladora es "imprescindible para satisfacer el déficit estructural de recursos hídricos que padece la cuenca del Segura".

En su resolución, el Constitucional defiende que la ubicación de la desaladora en una zona periférica de protección del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja no supone "la destrucción de hábitats o espacios de singular valor o deteriore gravemente dicho espacio", como pretende la Generalitat. A este respecto, argumenta que "la normativa valenciana permite el emplazamiento de determinadas infraestructuras" en la zona periférica del parque "siempre que tal emplazamiento resulte inexcusable", y recuerda que en este lugar la Generalitat permitió "otras instalaciones vinculadas a la prestación de servicios a la población como un hospital, una subestación eléctrica o, incluso, una depuradora".

El boicot del Consell a la desaladora de Torrevieja, que producirá anualmente 80 hectómetros cúbicos de agua para abastecer a 2,5 millones de personas y 65.000 agricultores, comenzó nada más iniciarse las obras en febrero. La Consejería de Infraestructuras bloqueó los accesos al solar de la empresa estatal Acuamed, lo que obligó al Ministerio de Medio Ambiente a habilitar otro acceso provisional para trabajar. La Generalitat respondió con el decreto de paralización que el Gobierno recurrió al Constitucional. También presentó el Consell una denuncia ante la Unión Europea, que cofinancia la obra y ha rechazado la queja.

Trasvase a Alicante

La Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó ayer en su junta de gobierno un trasvase del Júcar de 6,1 hectómetros cúbicos para dar agua a la ciudad de Alicante, Elche, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig y Aspe. El suministro se realiza a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que ha pedido el agua. Desde 2004, los regantes del Júcar han cedido por un precio estipulado 36,8 hectómetros cúbicos para cubrir el déficit de agua para poblaciones en Alicante.