Marbella da el primer paso hacia la normalidad urbanística con la aprobación del nuevo PGOU

A plena luz del día y con la unanimidad de los grupos políticos, el Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debe devolver la normalidad y la seguridad jurídica a una ciudad que en los últimos años ha crecido sin respeto a las reglas y donde el urbanismo ha sido el instrumento de una basta trama de corrupción política. "Iniciamos un periodo de confianza y legalidad", recalcó la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), quien advirtió de que aceptar el documento elaborado por la Junta no significa "ni sometimiento ni tutelaje".

Los tres grupos políticos resaltaron el carácter histórico del pleno. Todos invocaron que Marbella necesita recuperar la confianza, unas reglas claras acordes con la realidad actual -el PGOU legalmente en vigor es de 1986- y definir un modelo urbanístico que le permita mantenerse pujante como destino turístico de calidad de primer orden.

El equipo de gobierno, del PP, ha optado por aprobar, sin ningún retoque, el documento que ha elaborado la Junta durante el año que ha tenido las competencias de planeamiento urbanístico de la ciudad, que ya ha devuelto. Pero la alcaldesa ya dejó claro en su intervención que el PP tiene su modelo de ciudad y no renuncia a cambiar algunos aspectos del plan. "Que nadie entienda que el Ayuntamiento ha hecho o va a hacer ninguna dejación de sus funciones, tiene la obligación de ejercer sus competencias", avisó, y dijo que el periodo de alegaciones "debe servir para mejorar el documento, centrarlo en la realidad".

Muñoz reconoció que el PGOU elaborado por la Junta es "una buena propuesta", sirve "como documento base", y dijo que el principal argumento que ha tenido para asumirlo es "que queremos acabar con la inseguridad jurídica y poner orden en el desorden absoluto". Ofreció colaboración a la Junta, apostó por abrir "una nueva etapa de entendimiento" y pidió a la administración autonómica "lealtad a Marbella, ahora no cabe ni arrogancia ni intolerancia".

Ahora, el plan se someterá dos meses a un periodo de información pública para que los ciudadanos hagan sus alegaciones. Después se estudiarán y se introducirán algunas modificaciones antes de que se someta a la aprobación provisional del pleno. Finalmente será la Junta quien dé su aprobación definitiva. Muñoz quiere que el proceso esté culminado en un año como máximo.

El plan contempla un sistema de normalización que permitirá legalizar unas 18.000 viviendas construidas en los últimos años en contra de las normas urbanísticas a cambio de entregas de suelo (1.879.904 metros cuadrados en total) para compensar por la pérdida de equipamientos y zonas verdes. Muñoz dijo que se verá cada caso "de forma individualizada para que el desarrollo del plan no suponga un perjuicio a los terceros de buena fe". El plan deja fuera de ordenación 752 viviendas y dos hoteles.

El pleno resultó un tanto atípico, porque ningún miembro del equipo de gobierno hizo la habitual exposición de los contenidos del plan, y la alcaldesa ciñó su única intervención a principios políticos.

Por el contrario, el portavoz del PSOE, Paulino Plata, hizo una vehemente defensa del plan, incluido el sistema de normalización, que calificó de "justo, razonable y no justiciero", y recordó que no significa eliminar responsabilidades legales y sanciones de los infractores. Resaltó que el 40% de la superficie municipal queda protegida y que la ratio de 60 metros cuadrados de espacios libres por habitante es equiparable a ciudades como Londres.

El portavoz de IU, Enrique Monterroso, condicionó más su voto y ya anunció que si no se cambia la propuesta de normalización no apoyará la aprobación provisional. Explicó que no comparte el sistema de compensaciones porque "es una grave quiebra para el sistema legal y un precedente perjudicial" y lo comparó a una ley de punto final. "El plan consagra la Marbella de la era Gil", dijo.