Mirando el Estatut

Casos como el del Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, que recurre contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía pero con su punto de mira sobre el Estatuto catalán, son los que alimentan la acusación de catalanofobia que desde Cataluña se lanza contra la actual dirección del Partido Popular. El Tribunal Constitucional ha cortado de raíz la maniobra, calificada jurídicamente de "extravagante", sin siquiera admitir a trámite el recurso, pero no está en su mano neutralizar el malestar político que la iniciativa -utilizar un texto legal para montar un ataque dirigido a otro- ha podido dejar tras de sí, especialmente en Andalucía y Cataluña.

El Constitucional ha admitido a trámite recientemente un recurso de la Junta de Extremadura contra el Estatuto andaluz por supuesta atribución de competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir. Pero se trata de un recurso claro y fundamentado, al margen de cómo sea resuelto. No es el caso del planteado por el Gobierno de la Generalitat valenciana, rebuscado y confuso, que, con el pretexto de obtener del Constitucional una determinada interpretación del sistema de financiación andaluz, buscaba realmente una declaración previa de inconstitucionalidad del sistema de financiación establecido en el Estatuto catalán. Previa, desde luego, a la resolución del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra este texto y que pudiera prejuzgar su sentido.

El varapalo recibido por el Gobierno valenciano debería servir a los populares para rectificar a fondo la estrategia que vienen manteniendo sobre el desarrollo estatutario. Una estrategia que no hace ascos al disparate jurídico ni a la incongruencia política si sirven para explicitar aún más su animadversión hacia el Estatuto catalán, sobre la que la congruencia del PP no parece tener fisuras. El Constitucional puede hacer frente al disparate jurídico, como el que pretendía colarle el Gobierno valenciano, pero no está entre sus competencias resolver las incongruencias políticas, como lo es que el PP haya recurrido por inconstitucionales 30 artículos del Estatuto catalán que figuran tal cual en el andaluz.

Pero al menos ha dado pie al PP a explicarse, si lo tiene a bien, tras admitir el escrito presentado al respecto por la Abogacía del Estado. Y se lo ha dado también a la Generalitat catalana, principal perjudicada por el recurso, para que convenza al PP de que exponga las razones que le llevan a tachar de inconstitucionales artículos del Estatuto catalán que no le plantean ninguna objeción en otros estatutos ya aprobados o a punto de serlo.