Rajoy promete una reforma electoral que castiga a las minorías y favorece casi en exclusiva al PP

Después de varios días de ambigüedades, Mariano Rajoy expuso ayer sin demasiadas precisiones su propuesta de reforma de la Ley Electoral, que incluirá en su programa electoral y que supone un vuelco completo al sistema vigente en la Constitución de 1978 que fue pactado en la Transición. Cuando se discutieron las normas electorales ahora vigentes, en España se produjo un intenso debate que concluyó con la elección de un sistema proporcional para garantizar la representación de las fuerzas minoritarias (nacionalistas, comunistas...). El PP quiere ahora que nadie gobierne con menos del 30% de los votos, lo que descoloca el sistema proporcional defendido hace 30 años por la inmensa mayoría de partidos.

El PSOE y todos los partidos minoritarios rechazan la idea y piden respeto al sistema proporcional

La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General requiere la mayoría absoluta (176 diputados)

El líder popular defiende una normativa que impida gobernar a formaciones con menos del 30% de los votos

La propuesta de Rajoy aplicada a los últimos resultados electorales implicaría que el PP recuperaría automáticamente Baleares y Cantabria, aunque no podría gobernar con Coalición Canaria en las islas y las dejaría en manos del PSOE. En Cataluña, con la fórmula PP, sólo podría gobernar CiU, y en Barcelona no podría gobernar nadie. Rajoy parte con la ventaja de que el voto de izquierdas se divide entre PSOE e IU mientras el de la derecha se concentra en el PP.

La reforma legal de Rajoy trastocaría por completo el mapa autonómico y le garantizaría gobernar en Navarra, algo que ahora parece más fácil tras la ruptura entre el PSN y NaBai pero que de esta manera quedaría sellado por ley.

Sin embargo, la iniciativa no tiene ningún viso de prosperar porque beneficia especialmente al PP -y a CiU- pero perjudica a quien ahora tiene la mayoría en el Congreso -el PSOE- y destroza las posibilidades de partidos pequeños, como ERC, PNV y sobre todo IU-ICV, de alcanzar poder municipal y autonómico. La propuesta atenta además directamente contra los intereses de Coalición Canaria, flamante socio del PP en las islas, donde su unión ha arrebatado el poder al partido más votado, el PSOE de Juan Fernando López Aguilar, que sí supera el 30%, mientras CC se queda muy lejos.

Una norma devastadora

La norma no tiene grandes efectos en comunidades con dos grandes partidos, que superan siempre el 30% de votos, pero es devastadora en comunidades donde el voto está muy fraccionado, como es el caso de Cataluña o del País Vasco. Decenas de ciudades y pueblos quedarían en dificultades porque nadie llega allí a ese 30%. El caso paradigmático es Barcelona, donde, tras el último bajón, el PSC, que ha gobernado durante los últimos 28 años la ciudad y sigue haciéndolo, se quedó unas décimas por debajo de ese 30%. ¿Quién debería gobernar en Barcelona y otros muchos municipios con el voto dividido, según Rajoy?

Ahí llegaron las dudas. En una entrevista en Radio Intereconomía, el líder del PP dijo que los términos de la iniciativa no están fijados del todo y que no tiene claro si hay que establecer una segunda vuelta o si el partido que obtenga "más del 40%, automáticamente gobierna". En su opinión, lo que ocurre ahora, especialmente en Baleares, "es una falta de respeto a la democracia, a los ciudadanos, y poco menos que una burla".

Sin embargo, en 1997 Rajoy defendió la Ley Electoral vigente desde 1985: "En España hay una ley electoral, votada por la inmensa mayoría de los partidos, y cualquier modificación que se haga debe contar con consenso. Lo demás no me parece muy serio, y no sé si se puede decir si es demasiado democrático". En 1999, el PP perdió Baleares por un pacto similar al que ahora ha dado la presidencia al PSOE, pero el Gobierno de Aznar no promovió ni defendió ninguna reforma electoral.

La fórmula que ahora propone el PP a través de una modificación de Ley Orgánica requiere el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) e implicaría la pérdida para los socialistas de ocho capitales donde el PP quedó cerca de la mayoría absoluta, como Ourense o Vigo.

La propuesta del PP tiene otra clave estratégica de mayor calado. El PP necesita que se hable del asunto del partido más votado porque quiere presionar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Éste prometió por sorpresa, en la campaña de 2004, que no gobernaría si no lograba al menos un voto más que Rajoy. Los populares temen que ahora el presidente, con más aliados que entonces, no quiera comprometerse a algo que ninguna ley exige. Por eso quieren forzar a Zapatero a prometer que no gobernará si no es el más votado, y si no lo logran, utilizar su negativa como un arma electoral.