La Audiencia Provincial de Guadalajara pide otro informe del incendio de 2005

La Audiencia de Guadalajara estima que los peritos no deben entrar en conclusiones jurídicas sino limitarse a las valoraciones técnicas de lo ocurrido en el incendio de julio de 2005 en el que murieron 11 miembros de un retén. Por ello ha revocado parcialmente una resolución de la juez del caso y ha decidido que se incluyan en un nuevo informe los testimonios de quienes intervinieron en la extinción y las grabaciones.

El dictamen realizado por dos técnicos del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid, y encargado por la juez que instruye el caso, señalaba textualmente: "No se aprecia imprudencia ni negligencia en las operaciones de combate del incendio". Es precisamente ese hecho el que critica la resolución de la Audiencia, porque los peritos son técnicos en incendios forestales, pero no en Derecho, por lo que no es procedente que saquen conclusiones jurídicas, independientemente de que su cualificación científica permita determinar que el fuego era imprevisible.

El auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara señala que la pericia debía dar respuesta a si se pudo prever y evitar el incendio y el fallecimiento de los miembros del retén, de acuerdo con los conocimientos técnicos de los peritos, "sin suplantar, como se ha dicho, la valoración de las pruebas que corresponde al juez". Es decir, que de determinar si hubo o no negligencia se encargará el juez, no los peritos.

La decisión de la Audiencia Provincial se produce tras el recurso presentado por los abogados de las familias de ocho de las víctimas, que habían solicitado al juzgado que se tuviera en cuenta más documentación que la que se ha previsto en el informe pericial.

Llamadas al 112

La acusación particular pedía que se incorporara documentación como las declaraciones de algunos testigos y de los técnicos que intervinieron en el incendio, y también grabaciones registradas en la centralita del servicio de emergencias 112. El tribunal les ha dado la razón. En el auto señala que no comparte "la apreciación de que resulte irrelevante o ajeno al objeto de la pericia las declaraciones de las personas que estuvieron en el lugar y vieron o conocieron la evolución del fuego".

La acusación de estas ocho familias tenía previsto presentar hoy su propio informe ante el juzgado de Sigüenza (Guadalajara), que es el encargado de instruir el caso. El estudio, elaborado por el doctor en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid José Miguel Montoya Oliver, aprecia negligencia en la actuación de la Administración regional y señala que el proceso de extinción fue "erróneo y caótico".

Los familiares y amigos de los fallecidos en el incendio se volvieron a concentrar ayer, como hacen cada 17 de mes (en este caso se cumplían además dos años del siniestro), frente a la sede de la Delegación de Medio Ambiente en Guadalajara.

Entre tanta protesta, Goreti Almansilla, la hija del jefe del retén, Pedro Almansilla, que murió en el incendio, afirmó que se siente "una víctima de segunda clase" y defendió la actuación de su padre, que "dio los pasos correctos" a partir de "una experiencia de 32 años", informa Efe.