La oposición municipal rechaza el trazado del AVE sin plantear alternativas
La moción de CiU, PP y ERC pretende que se deje sin efecto el acuerdo del Gobierno
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Volver a empezar. Es lo que pretende la proposición presentada ayer por CiU en el registro del Ayuntamiento de Barcelona sobre el AVE. Deja claro su rechazo al trazado aprobado, pero no propone alternativas. La iniciativa, que tiene el apoyo de PP y ERC y que se discutirá en el pleno del viernes, tendrá la mayoría del Consistorio: 23 votos de la oposición contra 18 del equipo de gobierno. La propuesta insta al alcalde a dar los pasos necesarios para dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros del viernes que dió luz verde al inicio de las obras del túnel del AVE por el Eixample.
La proposición fue presentada por Xavier Trias, presidente de CiU en el Consistorio, después de pactar un acuerdo con los otros dos partidos de la oposición: PP y ERC. En realidad, han llegado a un acuerdo de mínimos y las tres formaciones han evitado, por escrito, mención alguna a sus alternativas. La proposición hace una exposición de motivos sobre el "rechazo ciudadano" que provoca el trazado del AVE.
La propuesta de acuerdo tiene cuatro puntos. En el primero se expresa el rechazo al trazado y se especifica que, en cualquier caso, la velocidad del tren por el interior de la ciudad debería limitarse a 50 kilómetros por hora para evitar vibraciones. Condiciones expresadas por el grupo de Esquerra Republicana.
En el segundo punto, se pide la celebración de una "reunión urgente" con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, "y todos los grupos municipales" para "presentar las alternativas al trazado", en referencia al aprobado y que el viernes pasado tuvo la luz verde con la aportación presupuestaria consignada por el Consejo de Ministros.
El tercer punto de la propuesta insta a acelerar los planeamientos urbanísticos ligados a la estación de Sants y La Sagrera. Por último, el cuarto punto de la proposición plantea "comunicar este acuerdo primero al presidente de la Generalitat y, después, al presidente del Gobierno" para que no tenga efectos "el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio en relación con el trazado hasta que no sea ratificado por el plenario". Es decir, que el fondo de la proposición plantea que sea el plenario el que tenga que dar la última palabra al trazado del AVE por la ciudad.
Fuentes jurídicas consultadas apuntaron que las proposiciones que puedan ser aprobadas por el plenario se deben ceñir únicamente a competencias municipales, condición que no tienen las obras del AVE, ya que son ejecutadas por la Administración central, concretamente por el Ministerio de Fomento. En ese sentido, apuntan que si se quiere paralizar el citado acuerdo lo que corresponde es impugnarlo directamente ante los tribunales.
Otro punto de discusión es si las proposiciones aprobadas en el plenario por mayoría -y la proposición del AVE la tendrá- obligan al alcalde a ponerlas en práctica. Es decir, si tienen carácter vinculante. En este caso concreto, la vinculación obligaría al socialista Jordi Hereu a comunicar al presidente de la Generalitat y al del Gobierno central el acuerdo alcanzado, en contra del criterio del equipo de gobierno, de dejar sin efecto el acto del Consejo de Ministros. Los grupos de la oposición en el Consistorio barcelonés así lo creen. El equipo de gobierno no está de acuerdo y ha optado por someter la cuestión al criterio del secretario del Ayuntamiento, que tiene previsto informar hoy en la junta de portavoces.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene una dilatada experiencia en aprobar propuestas que más que efectivas han sido, en muchas ocasiones, declaraciones políticas. Algunas no tenían nada que ver ni con el Consistorio ni con la ciudad. Por ejemplo, los posicionamientos en contra de la guerra de Irak. Otros sí han estado relacionados con proyectos que tienen un impacto en la ciudad, como el propio AVE o el aeropuerto. En esos casos se instaba al cumplimiento de un calendario sistemáticamente incumplido.
La diferencia es que aquellas proposiciones eran defendidas por el equipo de gobierno y no por la oposición. Y eso es lo que ocurre ahora.
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