La fiscalía pretende que violadores y asesinos reincidentes sean tratados como terroristas

¿Se pueden alargar las condenas de los violadores y asesinos que no se han rehabilitado para que tarden más en salir de la cárcel? Es una pregunta de difícil respuesta jurídica, pero que se plantea periódicamente cuando queda en libertad un preso condenado por esos delitos graves. La fiscalía plantea ahora la posibilidad de que en estos casos excepcionales se pueda aplicar la llamada doctrina Parot para que esas personas estén en prisión el máximo legal y los beneficios penitenciarios se descunten sobre el total de la pena impuesta, no sobre 30 años. Como los terroristas.

El Código Penal vigente establece que, como regla general, el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión es de 20 años cuando se trata de delitos cometidos a partir de 1996. El código derogado, aplicable para delitos anteriores a esa fecha, establecía que el límite era de 30 años. Bien sea con un texto o con otro, lo que siempre han hecho los tribunales es tomar como referencia ese máximo legal de 20 o 30 años y, a partir de ahí, descontar los beneficios penitenciarios y aplicar la legislación que regula la liquidación de las condenas.

En la práctica, eso suponía que resultaba indiferente que una persona estuviese condenada a penas de 32, 132 o 332 años de cárcel de forma que muchos delitos "le salían gratis", por emplear una expresión coloquial que utilizan en privado los juristas. El último ejemplo se produjo hace unas semanas, cuando Alejandro Martínez Singul conocido como el segundo violador del Eixample, salió de prisión tras cumplir 16 de los 65 años a los que fue condenado.

El criterio de los jueces cambió en febrero de 2006, cuando el Tribunal Supremo estableció que el etarra francés Henri Parot, autor de 26 asesinatos consumados y 166 frustrados, debía cumplir íntegramente 30 años de cárcel y no entre 19 y 21, que es lo que le correspondía si los beneficios penitenciarios se calculaban sobre 30 años, no sobre los varios siglos de condena.

Esa misma doctrina es la que ahora está estudiando aplicar la Fiscalía de Cataluña a los casos de violadores y asesinos que salgan de prisión sin haberse rehabilitado. "Es un debate que tenemos pendiente desde la Ley de Peligrosidad Social y que debemos afrontar", explicó la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Teresa Compte, quien insistió en que todavía no hay una postura definida. En cualquier caso, sería la fiscalía la que plantease esa medida, pero en último término correspondería aplicarla a los jueces. Y está por ver si éstos serían partidarios de dar el mismo trato a un violador no reinsertado que a un terrorista.

Para analizar qué hacer en estos casos, Compte se entrevistó ayer con la consejera de Justicia, Montserrat Tura.