La ordenanza del ruido en Valencia coarta el derecho vecinal a la denuncia

Prevé cobrar los costes periciales a los vecinos cuando denuncien un nivel sonoro legal

Para el Ayuntamiento de Valencia, el problema del ruido en la ciudad no está en el descontrol sonoro del tráfico, los bares o el botellón, sino en las denuncias de los vecinos. Así se explica que el artículo 55 de la ordenanza del ruido, aún en exposición pública, prevea cobrar al denunciante los costes de las mediciones acústicas en el caso de que el ruido soportado no supere los límites. El texto pretende solucionar los conflictos motivados, en los últimos años, por las sucesivas denuncias vecinales a los tribunales en las zonas de ocio después de la pasividad municipal.

Los vecinos de la calle de Juan Llorens lamentaban hace meses el gasto de su bolsillo en abogados para que su entono fuera denominada Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y poder así limitar los horarios de los comercios en favor de su descanso. Acudieron a los tribunales después de que el Ayuntamiento no impidiera el descontrol habitual del ocio nocturno. La sentencia castigó al gobierno municipal por su pasividad ante el conflicto vecinal. Y el equipo de Barberá se escudó en la redacción de la nueva ordenanza.

Este caso fue la última gota que colmó el vaso del vacío legal contra la contaminación acústica en Valencia. La ordenanza del ruido salió adelante en el pleno del pasado 27 de abril, con cinco años de retraso respecto a la legislación autonómica y europea.

El PSPV, que había participado en las negociaciones de la comisión del ruido se abstuvo para sacar del túnel a la normativa. Sin embargo, ahora prevé enmendarlo hasta en nueve artículos. Ayer anunciaron su primer desacuerdo. Uno de los artículos limita el derecho de los vecinos a la hora de acudir a los tribunales. "Muerto el perro, se acabó el ruido", resumió ayer la concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen del Río. La edil de Contaminación Acústica, Lourdes Bernal, atribuyó el marco legal a todos los partidos políticos, alegando que es de "consenso".

El citado artículo de la ordenanza limita también el plazo para tener en cuenta una denuncia. "Sólo se atenderán aquellas efectuadas en el plazo máximo de un año desde que entró en funcionamiento el edificio", acota para los avisos vecinales por el ruido de las instalaciones sujetas a mantenimiento como ascensores o puertas motorizadas. En el caso de un mal aislamiento de elementos constructivos, el plazo se amplía a tres años. "La inspección es competencia de los funcionarios", protesta Del Río. La oposición cree que estos artículos de la ordenanza esconden una falta de inversión contra el ruido con material que compruebe los excesos de contaminación acústica.

Los últimos en acudir a los tribunales para solucionar por vía judicial sus problemas de descanso han sido los vecinos del barrio del Carmen. El pasado mes de abril terminar de enviar todas las mediciones de decibelios que comprobaban que sus balcones, terrazas y ventanas reciben cada noche un ruido que supera ampliamente el límite del ruido nocturno. Para sufragar los gastos jurídicos han llegado incluso a vender papeletas para recaudar fondos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 06 de julio de 2007.

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