El Ayuntamiento de Marbella revisa la concesión del servicio de autobús

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha pedido un informe jurídico sobre la legalidad de la concesión del servicio de transporte público municipal a la empresa Autobuses Portillo, relacionada con la trama de corrupción investigada en el caso Malaya. Del resultado de este informe dependerá que se rescinda o no el servicio que actualmente presta Portillo, según indicó ayer el concejal de transportes, Diego Eizaguirre, del PP. El edil aseguró que todavía no se ha tomado una decisión, aunque reconoció que estudian la posibilidad de crear una sociedad municipal de transportes. El nuevo equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) se ha marcado el mes de septiembre como fecha para tomar una decisión.

El edil de transportes se reunió ayer con representantes de la empresa para hablar de las condiciones de la prestación. Según Eizaguirre, la cita fue una "toma de contacto" en la que les solicitó una serie de mejoras como que este verano pongan en circulación los 19 autobuses que habían prometido, que las líneas cumplan los horarios o que la estación del núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara funcione con normalidad.

La empresa tenía la concesión por 25 años, aunque tenían que renovarla cada ocho. Poco antes de ser detenida, la ex alcaldesa Marisol Yagüe les concedió la renovación, aunque no sometió la decisión a la aprobación por el Pleno, como establece la normativa. El verano pasado, dos de los directivos de la empresa fueron detenidos en una segunda fase del caso Malaya por un presunto delito de cohecho. Los investigadores lo relacionan con la concesión del servicio de autobuses, que la empresa lleva desde 1997. Uno de ellos contó al juez que habían pactado con el ex concejal de tráfico Victoriano Rodríguez la entrega de 300.000 euros antes de la adjudicación y de 90.000 euros posteriormente.

Recuperar edificios

Por otro lado, el equipo de Gobierno anunció ayer que han recuperado "de oficio" tres propiedades municipales -un local comercial, una vivienda y un solar- que estaban en manos de particulares porque los anteriores gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) los habían otorgado de forma irregular. "Se dieron de forma arbitraria y graciosa o sus ocupantes simplemente se apropiaron de ellos cuando son propiedad de todos los ciudadanos", señaló Félix Romero, portavoz del equipo de Gobierno marbellí.

Durante el proceso han descubierto que el solar, de 519 metros cuadrados, fue entregado "sin ningún tipo de contrato" como compensación de una deuda contraída por Ayuntamiento en los años noventa, y que el local comercial fue entregado por un responsable de la comunidad de propietarios a un particular que lo utilizaba como almacén. La vivienda, situada en el núcleo de San Pedro, ha sido desalojada sin problemas, aunque el destino de la familia ha quedado en manos del área de Asuntos Sociales.