El Seprona imputa a más de 230 personas por construcciones ilegales en ocho pueblos de Jaén

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Jaén ha concluido la investigación ordenada por la Fiscalía de Medio Ambiente en el municipio de Jamilena con la imputación de 15 personas por delitos urbanísticos por construcciones ilegales en suelo no urbanizable y protegido. Con ésta, son ya ocho las actuaciones llevadas a cabo en el último año por la Guardia Civil en otras tantas localidades jiennenses y que se han cerrado con más de 230 personas imputadas, entre ellas los alcaldes de Torredelcampo, Baños de la Encina, Cambil y Quesada. Estos datos coinciden con los resultados de la memoria de la Fiscalía de Jaén del año 2006, donde se constata que los delitos urbanísticos se han duplicado, pasando de 51 en 2005 a 105 durante el pasado año.

Desde la Fiscalía se aclara que no es que ahora se cometan más delitos urbanísticos, sino que éstos están ahora más perseguidos. Fruto de esa vigilancia policial, el Seprona ha llevado a cabo en el último año investigaciones a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente en ocho municipios de Jaén. El mayor número de imputados se produjo en el paraje de los Bermejales, en el término municipal de la capital, donde la Guardia Civil cerró una investigación que duró más de un año con la imputación de 64 personas, entre propietarios, constructores y técnicos de la construcción, por edificar sobre una parcelación ilegal. Se trata de una zona residencial a muy pocos kilómetros de la capital jiennense donde proliferó la segunda residencia, un caso muy similar al de otras muchas próximas a los ríos de Jaén, donde se calcula que hay unas 4.000 construcciones ilegales. De éstas, al menos 155 chalés podrían ser demolidos por estar a menos de 50 metros del cauce del río y ocupar una zona de dominio público hidráulico, según denunció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Otras actuaciones destacadas de la Guardia Civil se han llevado a cabo en Torredelcampo, con la imputación de otro medio centenar de personas, entre ellas el actual alcalde del municipio, el socialista Blas Sabalete, para quien la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación por permitir obras en suelo no urbanizable del Megatín; en Baños de la Encina, donde se imputó por delitos urbanísticos a 38 personas, entre ellas el ex alcalde Miguel Campillo (PSOE); o Cambil, con otros 30 imputados, entre ellos el ex alcalde, el socialista Agustín Cubillo. Las últimas actuaciones se han centrado en Quesada, con 24 imputados, entre los cuales se encuentra el actual alcalde, el también socialista Francisco Vallejo, por la edificación ilegal en el paraje de El Llano; Jódar, con otros 10 imputados; La Guardia, con un número más bajo de denunciados en urbanizaciones de su término municipal y, por último, Jamilena, con 15 imputados. Todos los casos investigados están aún pendientes de que los Juzgados que instruyen las diligencias ordenen la celebración o no de juicio oral.