El bloqueo de la repatriación de 800 menores colapsa los centros de acogida

El atasco en los centros de acogida para menores inmigrantes se ha vuelto a producir en la comunidad. Pero esta vez, la alarma es mayor aún al estallar a comienzos de verano. Tras la masiva llegada de pateras con menores el pasado fin de semana, ayer la Consejería de Igualdad y Bienestar Social solicitó la resolución de unos 800 expedientes de devolución de menores inmigrantes, algunos de ellos pendientes de resolución desde 2002. La Fiscalía de Menores del TSJA responsabilizó ayer a la Delegación del Gobierno de la grave demora, que será tratada en la cumbre bilateral con Marruecos del próximo lunes.

La avalancha estival de menores en patera acaba de comenzar y la capacidad de los centros de acogida andaluces ya ha sido sobrepasada de nuevo. La Universidad de Almería y dependencias del puerto han servido de alivio temporal para acoger a los 62 menores llegados desde Marruecos el pasado fin de semana. El total de menores acogidos ya supera el millar (1.055). "La solución no puede ser que Andalucía se haga cargo con sus presupuestos de todos los menores", criticó ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, que pidió la intervención del Gobierno central.

El problema no es nuevo, pero ha vuelto a estallar a las puertas de la próxima comisión bilateral con Marruecos, donde será el tema estrella. Fuentes de la consejería aseguraron ayer que el país vecino "ve con buenos ojos" la propuesta lanzada por la Junta para instalar nuevos centros de acogida en Marruecos, que supondría una clara medida disuasoria para evitar el riesgo de cruzar el Estrecho en patera que asumen los menores. Andalucía acudirá a dicha cumbre junto a Canarias con voz pero sin voto.

En los centros, la casuística es diversa: Algunos menores son reagrupados con sus familiares que residen en España, otros estudian y otros huyen. "El problema estriba en que los que llegan se suman a los que ya hay en los centros", resumió ayer Navarro. La repatriación es espinosa porque debe respetar las garantías jurídicas del menor y atañe a diversas instituciones, pero su resolución se ha retrasado ya más de un lustro. La Fiscalía achacó ayer la demora a los trámites administrativos que debe realizar la Delegación del Gobierno para completar el expediente de cada menor, tras solicitar los datos a los consulados marroquíes. "Hablamos de un problema internacional que requiere una solución política. La Fiscalía no ha puesto obstáculos para su resolución", apuntó ayer la fiscal de menores Rosa Guerrero.

Fuentes de Delegación del Gobierno se limitaron a hacer hincapié en la complejidad de un problema "que requiere cumplir con todas las garantías jurídicas". Las autoridades marroquíes declinaron ayer valorar la crisis generada por el aluvión de menores. Hasta la próxima cumbre bilateral, la avalancha depende de que luzca el sol en el Estrecho.