El informe del Ejército niega retrasos en los inhibidores para Líbano

Los informes que el Estado Mayor del Ejército y el Estadio Mayor de la Defensa han elevado al ministro José Antonio Alonso descartan cualquier retraso injustificado o irregularidad en el proceso de adquisición de inhibidores de frecuencia para los blindados españoles desplegados en Líbano. A la luz de estos informes, según las fuentes consultadas, es muy improbable que se adopten sanciones, aunque será Alonso quien esta tarde anuncie su decisión definitiva en la Comisión de Defensa del Congreso.

El Estado Mayor de la Defensa, a propuesta del Mando de Operaciones, ordenó la adquisición de 70 inhibidores para los vehículos de Líbano el 7 de noviembre de 2006, según la nota difundida por Defensa el pasado día 26.

La orden llegó a la División de Logística del Estado Mayor del Ejército una semana después. Sin embargo, los inhibidores no empezaron a ser entregados hasta el pasado 29 de mayo y su instalación en los vehículos de Líbano comenzó el 30 de junio.

El contrato se adjudicó, por el procedimiento negociado sin publicidad, a la firma gallega Electrosoni, SL. Aunque se trata de una empresa familiar, es la única que dispone, según fuentes del Ejército, de un inhibidor homologado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y por el CIDA (Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada).

El Estado Mayor del Ejército, agregaron las fuentes consultadas, adelantó un millón de euros para hacer frente a la adquisición -pues la partida para sufragar las operaciones en el exterior no se libra hasta entrado el año-, lo que constituye una irregularidad contable de carácter menor.

8.000 euros cada uno

El precio de cada inhibidor fue de unos 8.000 euros, por lo que el contrato ascendió a 560.000 euros, a los que hubo que añadir otras cantidades por servicios complementarios. Los más de seis meses transcurridos desde que se recibió la orden hasta que se tuvieron los equipos no constituyen, para el Ejército, un periodo demasiado prolongado, pues otros contratos similares se han demorado aún más.

Fuentes de Defensa insistieron en que los primeros inhibidores se instalaron en los blindados desplegados en el exterior en el verano de 2005, ya con el Gobierno socialista, por lo que no es cierto que los vehículos enviados a Irak en 2003 llevaran este sistema, como ha asegurado el PP.

Ni siquiera está acreditado que el coche bomba que mató a los seis soldados españoles fuera accionado por control remoto, aunque sigue siendo la hipótesis más probable.