Permisividad nula

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 26 de junio, con el respaldo de una amplísima mayoría de más del 95% de votos favorables, la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Ese mismo día, los informativos de las distintas cadenas de televisión ofrecían terribles imágenes de un enfrentamiento violento entre barras bravas de dos equipos del fútbol argentino, con el resultado de un muerto y heridos de diversa consideración. La coincidencia de dos hechos tan dispares explica el sentido último de una norma que, en función de la radical incompatibilidad existente entre deporte y violencia, regula cómo aislar, identificar, sancionar y expulsar a los violentos del ámbito deportivo para que siga siendo un espacio de encuentro abierto a todos.

En esta legislatura, el Gobierno está impulsando un bloque de reformas legislativas de gran calado en defensa del juego limpio orientadas a preservar que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes. Por primera vez en 30 años de democracia, se han aprobado dos leyes relacionadas con el deporte en una legislatura que suponen reformas estructurales y hacen frente, de manera resuelta, a lacras como el dopaje y la violencia, consideradas junto con la corrupción las mayores sombras que amenazan hoy día el sistema deportivo.

En España, los poderes públicos y sus titulares tenemos el mandato constitucional de promover el deporte y de preservar su cualidad de ser un acontecimiento festivo y no trágico, que favorezca la fraternidad y la convivencia social, en vez del odio y el rechazo hacia quien es diferente; un espectáculo, en suma, en el que prime la belleza de una competición justa y entre iguales, en vez de la trampa, el engaño y la violencia. El marco deportivo de la competición profesional y de alto nivel está obligado a ser un referente ético en comportamiento para el conjunto de la sociedad, que ha de ver reflejados en el deporte los valores de igualdad, pluralismo, justicia y solidaridad en que se asienta nuestra convivencia democrática.

Ésta es una ley ambiciosa por sus objetivos e innovadora en sus propuestas, fundamentadas en la convicción de que conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes son inaceptables y atentan contra la dignidad humana. Los comportamientos que esta ley quiere atajar ni son banales, ni es consuelo alguno que se den en otros países o que sean incidentes minoritarios. Ante estas conductas no cabe la tolerancia y, menos aún, la indiferencia: permisividad nula. En definitiva, una ley necesaria.

Ésta es una ley de todos y para todos, que se ha gestado, aprobado y que entrará en vigor con el respaldo de un amplísimo apoyo social y político. Desde el Consejo Superior de Deportes he impulsado el más amplio consenso social con deportistas, federaciones, clubes, aficionados y organizaciones sociales para aislar, identificar y expulsar del deporte las conductas violentas. Hitos relevantes en este proceso fueron la firma en marzo de 2005 del Protocolo de Actuaciones contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia en el Fútbol, así como la puesta en marcha de un observatorio en el que participa un amplio espectro de representantes de las distintas administraciones públicas, organizaciones deportivas y sociales comprometidas en la erradicación de estas conductas antideportivas. Tanto el dictamen de la Comisión de Estudio del Senado sobre la Violencia en el Deporte como las contribuciones al texto articulado por parte de todos los grupos parlamentarios, incluidos aquellos que finalmente no votaron a favor, han enriquecido el texto del proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria y han forjado un sólido consenso político de muy amplio espectro.

La nueva ley equipara nuestra legislación al respecto con la de países de nuestro entorno que, como el caso del Reino Unido y Alemania, se han destacado en los últimos años por sus buenas prácticas y mejores resultados a la hora de erradicar la violencia y los violentos de los espectáculos y de la práctica deportiva. En este sentido, la ley fortalece la proyección internacional de la imagen de España y reafirma nuestra condición como potencia de primer orden en la organización de acontecimientos deportivos con repercusión mundial.

Asimismo, por razones de pedagogía social y democrática, presta especial atención a preservar la dimensión formativa y educadora que tiene el deporte, por su contrastada capacidad de ser un poderoso factor de integración y de cohesión en una sociedad pluralista y multiétnica, como hoy día es España. En consecuencia, la ley tiene los objetivos de garantizar más y mejor prevención y mayor rigor sancionador, pero también mecanismos de salvaguardia y garantías para los clubes que colaboren con eficacia en la identificación y aislamiento de los violentos.

Tras su entrada en vigor, con la nueva ley se favorece la convivencia social y la integración intercultural en el deporte, más particularmente en el fútbol, que es el deporte más popular, más practicado y con más tirón social entre la población española e inmigrante.

En síntesis, el Gobierno reafirma su compromiso de preservar que el deporte sea un espacio de encuentro en el que pueda mirarse y reconocerse la ciudadanía española en su conjunto; una actividad saludable, segura y ejemplar en la que tienen cabida todas las identidades, colores y sensibilidades.

Jaime Lissavetzky es secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.