10.000 vigilantes contra el fuego

Puntualmente, cada mañana a las ocho, seis ingenieros forestales cruzan en la Consellería de Medio Rural sus predicciones meteorólogicas con el histórico de incendios de los últimos años y señalan en rojo las zonas de riesgo sobre el mapa. Ese diagnóstico sirve de guía desde hoy para todo el dispositivo de prevención que este año integran unas 10.000 personas.

"Es duro denunciar a un vecino, pero Galicia se está desangrando y no es gente de fuera"

"En Galicia se permiten 300.000 quemas, y se descontrolan más del 1% originando 3.000 fuegos"

Incluidos los 64 pilotos que hacen turnos para tripular 32 aeronaves, entre aviones de carga en tierra, anfibios y helicópteros, las 23 patrullas de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército que aguardan instrucciones en el destacamento de Marín para estrenarse en la lucha contra el fuego. Y los 6.000 agentes forestales o brigadistas que dependen de la Xunta.

En los registros de Vicepresidencia se apuntaron 6.000 voluntarios que, distribuidos por tandas, pueden ser 12.000 ojos más. La policía autonómica y la Guardia Civil han destinado a 2.000 funcionarios a este cometido. Este último cuerpo ha montado apostaderos para seguir de cerca a un centenar de sospechosos de años anteriores. Varias decenas de cámaras de videovigilancia direccionales registran los movimientos en montes donde las investigaciones no dieron resultados.

El informe del instituto armado que tantas ampollas ha levantado en los despachos de San Caetano deja también ventanas abiertas a la esperanza. Cuenta que este año ha mejorado la coordinación entre el Gobierno gallego, las fuerzas de seguridad y la fiscalía, que los incendios disminuyen y los detenidos aumentan, y que la sociedad poco a poco empieza tomar conciencia del problema.

"Esto último es esencial porque los que queman el monte no vienen de fuera, están entre nosotros, es duro denunciar a un vecino, pero Galicia se está desangrando por los incendios, están acabando con la naturaleza y también con muchas economías", señala Celso Rodríguez. A él, la oleda de agosto le amargó las vacaciones y la campaña de este año ha aplazado su traslado. Hasta septiembre se queda en Galicia para coordinar los trabajos de la Guardia Civil en los incendios, su especialidad desde 1997. "Lo del año pasado sirvió para convencernos de que la prevención es rentable también desde el punto de vista de la Guardia Civil". Javier Molano responsable de investigación en el instituto armado enfoca el problema: "No podemos centrarnos sólo en los incendiarios dolosos porque son menos, es como si la DGT vigilase sólo a los kamikazes y pasase de los que conducen con el móvil, borrachos o excediendo la velocidad, que son muchos más".

Molano dirige la Unidad Permanente del Crimen Indenciario (UPCI), un cuerpo acostumbrado a tratar con detenidos que sufren trastornos de tipo psíquico y que por tanto son potenciales reincidentes. "Trabajamos con unos cien, hablamos con ellos, los visitamos, intentamos educarlos y sorprendentemente la actitud de muchos es de colaboración".

Cinco psicólogos de la Guardia Civil en colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Galicia, la Dirección Xeral de Xustiza y la Fiscalía especializada en Medio Ambiente empezará a entrevistar este otoño a los últimos arrestados por fuegos. La idea que ya se llevó a cabo en Portugal intenta indagar sobre las motivaciones que les llevan a quemar. En la respuesta a un test parecido un empresario luso que había arrasado 8.000 hectáreas reconoció que prendió su finca para que su ex mujer volviera con él. Y un miembro de las cuadrillas alegó que lo hacía para ver trabajar al dispositivo. Los expertos están convencidos de que en Galicia hallarán respuestas similares. Qué porcentajes de incendios ocasionan estas personas con perturbaciones generalmente asociadas al alcohol es algo que los investigadores no han logrado responder.

En la prisión de A Lama sigue internado Serafín Pardiñas, un hombre solitario acostumbrado a resolver sus problemas con el mechero. Se le imputan 93 incendios, además del que el pasado 4 de agosto causó la muerte a dos mujeres en Cerdedo. No es un caso único, en los ficheros policiales aparecen otro centenar de perfiles como el suyo.

"Además de los comportamientos enfermizos están los que prenden en una finca por venganza o por conflictos y las negligencias. El año pasado buscamos a un único culpable y lo que nos salió fue un diagnóstico pluricausal", concluye Celso Rodríguez. Insiste en que no se pueden banalizar las negligencias y apunta un dato: en Galicia se expiden cada año 300.000 autorizaciones de quemas. Sólo con que se pierda el control del 1% provocaría 3.000 incendios. Las que derivan en fuegos incontrolados son muchas más. Las fuerzas de seguridad han constatado que, coincidiendo con Semana Santa, se produce siempre un repunte en el número de focos. Lo atribuyen a los propietarios que regresan en vacaciones y aprovechan para revisar los límites de sus fincas.

La confluencia de todo lo anterior y el infierno meteorológico de doce días de agosto se llevaron por delante 94.000 hectáreas en dos semanas. Fue el peor de lo que los especialistas llaman "periodos punta", pero no el único. Año tras año, las estadísticas de la Xunta cuentan épocas de 11, 12 días en los que las llamas cobran mayor virulencia.

"Estamos haciendo cábalas a 10 días vista, y nuestros pronósticos a 48, 72 horas, tienen un alto grado de fiabilidad, señala Alberte Blanco, director general de Montes. La Consellería de Medio Rural confía en esos partes para diseñar el "preposicionamiento preventivo" que consiste en concentrar el mayor número de medios en las zonas donde el índice de riesgo sea mayor. El comandante Molano cree que ese sistema de alertas ayudará a desactivar los períodos punta que históricamente se dan cada verano. "Nos permitirá saber en qué tiempo y en qué espacio se van a dar las condiciones propicias y entonces podremos controlar el paso de vehículos y de personas, vigilar desde el aire y en caso de peligro grave, movilizar más medios.

En cada una de las provincias, salvo en Lugo, que compartirá retén con Ourense, harán guardia las tres brigadas especialices -integradas por 50 hombres- que la Xunta ha formado para atacar incendios especialmente virulentos o en zonas de difícil acceso. El conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, está al frente del dispositivo integrado de extinción -que el año pasado no se activó hasta la fatídica semana de agosto- y que coordinará a los medios de las distintas administraciones (central y autonómica) en caso que surja una crisis parecida.

Bajo el mando del dispositivo estará el Ejército que se ha comprometido a incrementar hasta 75 patrullas (225 soldados) la presencia de la recien creada Unidad Militar de Emergencias en la base de Marín si fuera necesario.

La Xunta ha firmado además convenios con Asturias, Castilla León y Portugal para que colaboren con sus medios en caso de que se desate otra ola de fuego. La inversión en extinción y vigilancia del Gobierno gallego supera los 180 millones de euros. Y según los responsables de la investigación son las denuncias de los ciudadanos las que "no tienen precio".