La defensa de Iván Granados se lleva por delante a Trashorras

No es que fuera imprescindible, porque el futuro de Trashorras ya se presentaba sombrío. Sin embargo, el abogado Miguel García Pajuelo, defensor del asturiano Iván Granados, para el que el fiscal pide cuatro años por transporte de explosivos y asociación ilícita, trató de exculparle por el sistema de culpar al ex minero José Emilio Suárez Trashorras de haberle propuesto llevar explosivos a Madrid. "Mi cliente sería el socio disidente", dijo.

"El juez y los fiscales se han dejado dirigir por organismos policiales", dice el letrado de Larbi

El letrado inició su intervención señalando que "Iván Granados presenta una conducta gregaria y poco asertiva frente a los demás que le ha llevado a transitar por la calle de la amargura". "Y únicamente por ser una persona buena, a la que le cuesta decidir y decir lo que piensa", agregó. En definitiva, "las malas compañías".

García Pajuelo se refería a que Iván Granados era amigo de José Emilio Suárez Trashorras, del que recibió la propuesta de hacer un viaje a Madrid a trasladar explosivos para Jamal Ahmidan, El Chino, el jefe operativo de la célula yihadista autora de los atentados del 11-M, pero que se negó.

Trashorras le dijo entonces que como se negaba, se lo propondría al menor conocido como El Gitanillo. Granados le contestó que no lo hiciera, que era un "guaje", un chaval. El ex minero no le hizo caso y el Gitanillo, ya mayor de edad, hizo uno de los viajes con explosivos para El Chino, como se recogió en la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó.

¿Por qué se sienta en el banquillo, si se negó a transportar los explosivos? Pues por saber, porque en una declaración policial admitió que Raúl González, el Rulo, era el minero de mina Conchita que proporcionaba los explosivos a Trashorras y también porque admitió que acompañó a éste a comprar mochilas para el traslado de la dinamita.

Pero el letrado invoca la nulidad de esa declaración, de la que dijo que durante mucho tiempo no supo de su existencia y que se realizó "con toda la mala fe del mundo". ¿Por qué? Pues porque después de una primera declaración asistido por el propio García Pajuelo, en la que Granados negó que conociera la procedencia de los explosivos, la policía le tomó declaración al día siguiente pero asistido por otro abogado. Y fue en esa declaración en la que Granados acusó a El Rulo y a Trashorras. El caso es que sin que García Pajuelo conociera la existencia de esa segunda declaración, los policías presentaron a Granados ante el juez y ratificó "todas" sus declaraciones policiales, lo que al letrado le parece una absoluta deslealtad.

Precisamente el letrado tuvo un recuerdo para la fiscalía, ya que el ministerio público ironizó respecto a la queja de García Pajuelo que con dos abogados estaba Granados menos indefenso que con uno. García Pajuelo replicó: "No ofende quien quiere".

A pesar de la declaración citada, el letrado atacó las acusaciones de transporte de explosivos y de asociación ilícita. Sobre la primera acusación, dijo que su cliente simplemente se negó a hacer el viaje que le propuso Trashorras, y sobre la segunda dijo que no había tal asociación, ya que en caso de haberla, Granados sería "el socio disidente", porque se negó a transportar el explosivo a Madrid.

García Pajuelo concluyó su informe citando a Machado y afirmando de su cliente que es "una persona, en el buen sentido de la palabra, buena".

Mucho más difícil se presentaba la papeleta para Julio Sánchez Majano, ya que el fiscal reclama para su cliente, Mohamed Larbi Ben Sellan, 27 años de prisión por delitos de conspiración para el asesinato terrorista y pertenencia a banda armada.

Larbi, considerado mensajero de Mohamed el Egipcio, está implicado en la operación que facilitó la fuga a dos de los presuntos autores materiales de los atentados, Mohamed Afallah y Mohamed Belhadj. Pero es que además, Larbi es condimento de todas las salsas: está procesado por la Operación Tigris, que se desarrolló en 2005 en Cataluña y que desarticuló la red a través de la cual se enviaban muyahidin a Irak, aunque ese juicio celebrado para otros, no le afectará hasta que concluya el del 11-M. También se le atribuye participación en la Operación Nova, aunque él no es uno de los acusados de intentar volar con un camión de explosivos la Audiencia Nacional.

Así pues, el letrado Julio Sánchez, tras esbozar el panorama que rodea a las mezquitas, en el que pululan una serie de inmigrantes islámicos a la búsqueda del alojamiento barato y de trabajo rápido, dijo que "toda la acusación está basada en fundamentos con pies de barro". El abogado llegó a acusar al juez instructor y a los fiscales, "si no de dejación, si de relajamiento en sus funciones, ya que se han dejado dirigir por los organismos policiales" y no habría velado por la legalidad.

Para el letrado no hay pruebas que acrediten la implicación de su cliente. Pero en el juicio se ha narrado cómo Afallah y Belhadj se marcharon por Barcelona ayudados por Larbi, quien a través de El Idrissi trasladó un teléfono al padre de Afallah para que el terrorista pudiera despedirse de él antes de suicidarse en Irak.

También intervino Cristóbal Gil, en nombre de Mamoud Slimane Aoun, para el que se piden 13 años por colaboración con banda armada y falsificación de documentos, quien esgrimió la inexistencia de pruebas contra su cliente.

El juicio se reanuda el lunes con la intervención de Endika Zulueta y José Luis Abascal. Finalmente, tras el turno de la última palabra de los procesados, el juicio quedará visto para sentencia.