La Xunta teme que quede desierto el transporte de ría entre Vigo y Cangas

La Xunta se comprometió ayer a cumplir el requerimiento de la Unión Europea y remitir a Bruselas en dos meses el proyecto para liberalizar el transporte en la ría de Vigo. El Gobierno gallego podrá evitar así la multa del Tribunal de Justicia de la UE, aunque deberá afrontar una delicada reforma que, entre otras consecuencias, podría dejar desiertas las comunicaciones por mar de Vigo con Cangas y Moaña, claramente deficitarias.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró ayer que están prácticamente finalizados los trámites para aprobar una nueva ley de transporte de la ría viguesa que derogue la aprobada por unanimidad en 1999, que según el Tribunal de Justicia contraviene la libre prestación de servicios. El texto se presentará en julio al Consello Económico e Social y al consejo de secretarios y en septiembre en Bruselas.

La nueva ley coincide en lo fundamental con la que hace más de un año presentaron ante las autoridades europeas el entonces director general de Transportes, José Carlos Baños, y el secretario general de Relaciones Exteriores, Santiago Gómez-Reino. Desde entonces, la norma no ha experimentado ningún avance, debido a su complejidad técnica y política y al interés de varias consellerías en su contenido. Entre las consecuencias que puede tener la apertura del sector a la libre competencia se encuentra la posibilidad de que ningún operador se interese por las líneas entre Vigo y Cangas y Moaña, lo que dejaría desierto el servicio.

Sin ayudas directas

Las líneas entre las dos orillas de la ría, utilizadas cada año por medio millón de pasajeros, se incluyeron en la ley aún en vigor en el mismo paquete que el más suculento transporte a las Cíes, a modo de compensación. Su segregación se vería agravada por la eliminación del peaje de Rande en la AP-9, hace un año, que ha restado pasajeros a los barcos entre Vigo y Cangas y Moaña. La normativa comunitaria impide además a la Xunta conceder ayudas directas al concesionario de las líneas deficitarias, por lo que la alternativa más consistente consiste en orientar las ayudas directamente hacia los usuarios.

El envío a Bruselas del proyecto de ley y del decreto que lo desarrollará no pondrá punto final a los trámites de la Xunta para evitar la multa, ya que el texto podría ser objeto de modificaciones en el Parlamento. "Nos podemos meter en la boca del lobo", advirtió ayer sin tapujos el secretario de Relaciones Exteriores.

La condición de parque nacional de las Cíes, su limitación del número de visitantes y la existencia de un único punto de amarre en las islas son otras características del transporte de la ría que complican su regulación. La Comisión Europea remitió el miércoles a España una carta de emplazamiento por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia. Gómez Reino rechazó que la Xunta haya hecho caso omiso al fallo, y agregó que fue el Gobierno del PP el que desde 2001 "no hizo nada por acatarlo".