La libertad vigilada de un asesino de Sandra Palo reabre el debate de la reforma de la Ley del Menor

La puesta en libertad vigilada de un menor, R. G. F., de 18 años, acusado de violar y asesinar a Sandra Palo, de 22 años, en 2003, ha reabierto el debate de la reforma de la Ley del Menor. El PP, con el vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada Presa, pide la modificación urgente de esta norma para que los penados cumplan su condena en las cárceles cuando tengan 18 años y que se endurezcan las sentencias en los delitos más graves. El portavoz de justicia del PSOE, Pedro Muñoz, tachó de "tremendamente oportunista" la proposición no de ley presentada ayer por el PP.

Los padres de Sandra Palo fueron a las 8.20 a las puertas del centro de internamiento El Renasco de la Comunidad de Madrid para "ver la cara" de uno de los cuatro asesinos que acabaron con la vida de la joven en mayo de 2003. Pero llegaron tarde. Dos furgones policiales de detenidos salieron de este centro unos diez minutos antes a toda velocidad. En uno de ellos iba, junto con otro menor, R. F. G., alias El Rafita. El titular del Juzgado de Menores número 7 de Madrid, Víctor José Embid Marco, ordenó su traslado fuera de la Península para que cumpla la libertad vigilada. También ha dictado una orden de alejamiento de la familia.

La madre de Sandra Palo intentó entrar en el centro presa de un ataque de ira. Al principio se lo impidió un vigilante de seguridad, pero la mujer logró zafarse y salió corriendo hasta la entrada del Renasco. Cinco policías nacionales de la contigua comisaría de Carabanchel salieron tras ella y pudieron sacarla fuera.

La madre comenzó a chillar y llorar de impotencia. "Os voy a denunciar a todos. Llevo cuatro años esperando este día. ¡No me moveré de aquí hasta que venga alguien a darme explicaciones!", gritaba. "¡Es injusto! ¿Por qué no se le ha visto la cara como en otros casos, como al asesino de la catana? No le pueden dar la libertad porque no se ha rehabilitado", añadía Bermúdez.

La madre se parapetó delante del centro. Su indignación fue en aumento hasta que sufrió una crisis nerviosa y cayó desmayada en medio de la acera. Al lugar acudió una ambulancia del Samur, que la atendió durante una hora y media. Después salió y, ya más calmada, insistió en que tomará medidas legales contra los responsables de que ella no pudiera ver la cara del asesino de su hija.

El Rafita comenzará su libertad vigilada fuera de la Península, posiblemente en Canarias. Este régimen es muy similar al tercer grado de los presos. El penado está en un centro de régimen abierto bajo control de un tutor. Sólo debe ir al centro a dormir y presentarse ante la autoridad judicial o policial cuando sea requerido.

El PP volvió a pedir ayer al Gobierno que reforme la Ley del Menor para "eliminar los espacios de impunidad" ante la alarma social creada por la puesta en libertad vigilada de El Rafita. La diputada del PP María Salom presentó una proposición no de ley en el Congreso y afirmó que la libertad vigilada de este joven "significa que algo no funciona".

El Ministerio de Justicia emitió una nota en la que recuerda que la reciente reforma de la ley, aprobada el pasado noviembre y en vigor desde febrero, ya fija que los menores puedan cumplir sus condenas en prisión cuando cumplen 18 años (aunque no puede aplicarse con carácter retroactivo al asesino de Sandra Palo). El portavoz de Justicia del PSOE, Pedro Muñoz, que se solidarizó con la familia de Sandra Palo, subrayó que ese crimen fue juzgado con arreglo a la ley vigente en 2003, aprobada por el PP. Y añadió que los populares no quisieron aumentar las penas para las conductas punitivas en el tramo de edad de 16-17 años.