Una vista civil dirime la responsabilidad por la quiebra de Fedeoliva

El Juzgado de lo Mercantil de Jaén acoge desde ayer una vista civil para dirimir qué personas y hasta qué grado alcanza su responsabilidad en el agujero contable de 43 millones de euros de la aceitera Fedeoliva, que se vio obligada a cerrar sus instalaciones dejando enganchados a más de 7.000 olivareros. Un total de 14 demandados comparecen en esta vista en la que el juez debe determinar si las causas de la quiebra de Fedeoliva fueron fortuitas, fraudulentas o culposas. Esta última calificación es la que han concluido los administradores concursales, que son los que rigen el proceso de liquidación de esta aceitera, cuya crisis se originó en la comercialización de aceite de oliva a Estados Unidos.

En concreto, los administradores concursales reclaman por la vía judicial 3,3 millones de euros a los anteriores responsables de Fedeoliva, el presidente Manuel Villar, el presidente de la comercializadora Expafe, Pedro Lanagrán, y el gerente, José Miguel Blanco. Los dos últimos declararon ayer ante el juez de lo Mercantil eludiendo cualquier implicación en la toma de decisiones.

Lanagrán dijo que él presentó su dimisión en diciembre de 2003 y desvió toda la responsabilidad hacia los presidentes de las diferentes cooperativas que formaban parte de Fedeoliva y que eran, dijo, los que fijaban los precios del aceite. "Fedeoliva era un castillo de naipes que se vino abajo", llegó a declarar Lanagrán, quien añadió que fueron "engañados" por los intermediarios en el proceso de venta de aceite a Estados Unidos y añadió que la estrategia planteada por esta industria aceitera era a largo plazo.