El Ayuntamiento de Málaga "entorpece" al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo (nacional) se ha quejado en su último informe anual de la actitud del Ayuntamiento de Málaga que llega a considerar de "entorpecedora" con su labor por la falta de colaboración en la tramitación y resolución de asuntos. Esta situación sólo se da con otro ayuntamiento de capital de provincia, Burgos. La relación total de administraciones locales no colaboradoras con el Defensor del Pueblo llega a 23, entre las que se incluyen dos andaluces de La Carolina (Jaén) y Benalmádena (Málaga).

En el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga, el Defensor del Pueblo se queja de que el 5 de septiembre de 2005 le requirió una información sobre la queja de un ciudadano respecto a construcciones ilegales en la ciudad. Desde entonces, la institución hizo al consistorio que preside Francisco de la Torre otros dos requerimientos sin ningún resultado, por lo que el 10 de enero de 2007 tuvo que cerrar el expediente sin poder resolver la queja.

Además, en el mismo informe anual de 2006, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto la "deficiente" colaboración del Ayuntamiento de Málaga por otra consulta a la que tardó ocho meses en contestar. Cuando finalmente el Defensor recibió la información municipal, realizó una recomendación al consistorio que tampoco tuvo respuesta, por lo que pensó que había sido rechazada. Finalmente, y también con retraso sobre los plazos previstos, el Ayuntamiento comunicó que la aceptaba.

Y es que llueve sobre mojado, porque en los últimos informes anuales el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la poca colaboración que recibe del Ayuntamiento de Málaga. En 2003, por ejemplo, se quejó de que el consistorio esperó hasta el tercer requerimiento para contestar una consulta sobre la conservación de unas instalaciones deportivas. En el informe de 2005 constató otras dos dilaciones, una relativa a una información sobre la conservación del acueducto de San Telmo, que no fue enviada hasta nueve meses después de solicitarse, y otra sobre las expropiaciones para las obras de ampliación del aeropuerto que tardó 20 meses en contestar.

El artículo 18 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo concede a las administraciones un plazo de 15 días para contestar consultas de la institución, aunque puede prolongarse en función de las circunstancias.

El concejal del PSOE Juan José Martínez Zato se ha quejado de la "poca sensibilidad" del consistorio con el Defensor del Pueblo, y lamenta que éste pierde crédito ante los ciudadanos cuando no puede responder a sus quejas por la falta de colaboración de las administraciones. "Colaborar con el Defensor del Pueblo también es lealtad institucional", apostilló.