El bipartito de Vigo revisará el plan de urbanismo con la idea de reducir alturas

El pacto de gobierno de coalición que firmaron ayer PSdeG y BNG en Vigo contempla la revisión del plan general de urbanismo que defendía el PP con vistas, entre otros objetivos, a reducir el aprovechamiento y la altura de las edificaciones en algunos ámbitos. También expresa su rechazo al relleno portuario en Areal, contra la opinión de los empresarios, y emplaza a Autoridad Portuaria a clarificar conjuntamente las necesidades y disponibilidad de suelo en el puerto. Propone asimismo un nuevo mapa administrativo de la ciudad y señala las infraestructuras y grandes proyectos del mandato.

Las dos formaciones del gobierno de coalición vigués se comprometen en su pacto a aprobar el plan general de urbanismo este mismo año, una vez revisado el documento que aprobó la Xerencia de Urbanismo el pasado 24 de abril y que el PP no llevó a pleno por evidenciarse que sólo contaría con sus votos. De la revisión que se haga, dice el pacto, "podrán resultar cambios, incluida la reducción de aprovechamiento y altura de edificaciones en aquellos ámbitos y sectores en los que la prevista resulte excesiva o inadecuada".

El bipartito cumplirá las observaciones formuladas por Política Territorial, aunque "podrán alcanzarse cambios en la clasificación de ciertos ámbitos de modo consensuado". No habrá reducción en equipamientos, zonas verdes ni infraestructuras; el 40% de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida y se buscarán "soluciones casi inmediatas" a los "múltiples problemas jurídicos" de actuaciones urbanísticas del pasado. El gerente de Urbanismo será nombrado por el concejal del área (Carmela Silva, no electa, del PSOE) con la conformidad del BNG.

En el puerto, las dos formaciones expresan su posición contraria a la ampliación del muelle de Areal y recurrirán la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le daba vía libre si existen posibilidades reales de que el recurso sea admitido a trámite, lo que será señalado por un informe jurídico. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño, mostró ayer mismo su contrariedad por esa decisión, que a su juicio afecta al desarrollo económico del puerto.

El gobierno local, según el pacto, solicitará a Autoridad Portuaria la conclusión del plan de usos de los espacios portuarios, de modo que optimice la superficie de su competencia, y la creación de una comisión que estudie los espacios no útiles para la actividad a fin de desafectarlos y generar corredores abiertos al mar. La comisión analizará las concesiones administrativas para erradicar las que no tengan relación directa con el mar.

El pacto recoge también la intención del gobierno local de crear un nuevo mapa administrativo que, por una parte, "admita la realidad de una ciudad policéntrica y necesitada de un reconocimiento y funcionalidad que podrán verse facilitadas por la Carta Municipal". El objetivo es conseguir un tratamiento administrativo ajustado a la singularidad de Vigo; por el Área Metropolitana, con competencias en servicios básicos (transporte público, recogida de basuras...) y para favorecer el desarrollo integral de la zona, y por el liderazgo, en fin, en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, con la conexión Vigo-Oporto por AVE en los plazos previstos.

Como infraestructuras y grandes proyectos cuya ejecución "es preciso garantizar", el pacto señala: conexión AVE en 2012; ampliación del aeropuerto; potenciar el crecimiento del puerto y abrir su litoral a usos ciudadanos; completar la red de carreteras, construir el gran hospital, la biblioteca del Estado, la plataforma logística Salvaterra-As Neves (Plisán), celebrar en Vigo la Universiada, remodelar los cascos históricos, Balaídos y su entorno, y crear un parque periurbano en la Coroa de Montes de Vigo e infraestructuras deportivas en la ETEA.

El pacto detalla también las acciones de gobierno en las distintas áreas, diez de responsabilidad socialista y ocho, nacionalista. El acto de la firma sirvió para que se conocieran entre sí las dos concejalas no electas, Carmela Silva y Elena Maure, que ejercerán como portavoces de urbanismo de ambas formaciones.