La UE llevará al Tribunal Europeo la Ley Urbanística Valenciana

La Comisión Europea llevará la próxima semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Ley Urbanística Valenciana por considerar que viola la normativa comunitaria sobre contratación pública. El anuncio se produjo ayer durante un debate en el Parlamento Europeo sobre las lacras del urbanismo español, en especial el de la costa valenciana. El PP expuso que las políticas urbanísticas lograron el aprobado electoral en los pasados comicios mientras los socialistas alegaron que el éxito en las urnas no autoriza la violación de derechos.

La LUV tomó a finales de 2005 el relevo de la cuestionada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pero el cambio no despejó todas las dudas que suscitaba la LRAU, según señaló ayer el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy. "La nueva ley no corrige infracciones referidas a anuncios de licitaciones, a información requerida en esos anuncios y es confusa en la definición del objeto de los contratos", señaló McGreevy. "Voy a proponer a la Comisión que lleve este caso ante el Tribunal de Justicia", añadió. Un portavoz del comisario especificó que la denuncia será presentada el próximo miércoles.

El recurso al tribunal cierra una fase que se abrió en abril del año pasado con el lanzamiento de un procedimiento de infracción al que las autoridades valencianas dieron respuestas "poco convincentes", según McGreevy. La secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Cristina Serrano, replicó ayer que la comunidad autónoma demostrará ante el Tribunal de Luxemburgo que la LUV es una norma "ágil y moderna" e insistió en que "es la ley de contratación del Estado la que no cumple la normativa europea en materia de contratación, por lo que este problema afecta a más comunidades autónomas españolas y no sólo a la valenciana".

Transgresión de derechos

Carlos Iturgaiz, en nombre del PP, señaló que "los ciudadanos han hablado y dado mayorías absolutas en Valencia y Madrid", los dos principales focos del interés del Parlamento Europeo sobre las aberraciones urbanísticas españolas. Su acusación de que las investigaciones de los europarlamentarios se inmiscuyen en competencias nacionales y autonómicas fue respondida por el socialista Carlos Carnero con el argumento de que "no hay soberanías nacionales" cuando se atenta contra el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos. El verde David Hammerstein abundó en la idea de que "ganar elecciones no da permiso para obviar la legislación europea" y mantuvo que "el escándalo del ladrillo valenciano, andaluz y madrileño es un escándalo europeo".

La Eurocámara votará mañana una resolución, no vinculante, que reclama reformas para poner coto a los desmanes urbanísticos en España y a la indefensión en que se hallan algunos compradores.