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Suspendida la declaración de 31 personas por el censo de Argelita

María Fabra

Cuando a las garantías procesales se une la lentitud y, a veces, la inoperancia de la justicia, los casos se pueden convertir en eternos. Los juzgados de Nules ya han dado buena muestra de lo que puede convertirse en un "caso eterno", como está ocurriendo con las diligencias previas del llamado caso Fabra, por el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado por la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal. Más de tres años después de que se abrieran las diligencias, existen pruebas solicitadas y sin practicar y, de momento, no hay atisbos de que se solicite la apertura de juicio oral. Los cambios, legítimos, de hasta siete jueces y cuatro fiscales y los continuos recursos que las partes presentan a cada una de las decisiones de la juez han logrado prolongar el caso.

En los juzgados de Nules ha recaído también la investigación por el presunto fraude electoral cometido en Argelita. Ayer se suspendió la declaración de la "primera tanda" de 31 personas que, de momento, han sido llamadas en calidad de testigos después de haber solicitado el empadronamiento en domicilios de concejales y vecinos vinculados con el PP y, según la acusación, con la intención de hinchar el censo electoral. Los interrogatorios no se pudieron llevar a cabo por una sucesión de despropósitos. El PP presentó un recurso con el fin de que estas 31 personas fueran imputadas por el mismo fraude por el que han sido imputados los propietarios de las viviendas en las que dijeron residir, entre los que se encuentran varios ediles populares. El recurso y la citación de estos testigos se solaparon. Mientras el recurso no sea resuelto, la juez, el fiscal y las partes no pueden interrogarles ya que no está definitivamente fijado en calidad de qué han de responder ya que, si lo hacen como testigos han de decir la verdad, mientras que si se presentan como imputados pueden no declarar o "mentir". El hecho es que el recurso estaba presentado, no estaba resuelto y, aún así, nadie comunicó a los citados para ayer que la visita que iban a realizar a los juzgados era en vano. La juez pidió ayer disculpas a las partes y justificó el hecho en una ausencia que se prolongó durante una semana durante la que el juzgado debió contar con un sustituto, que ni resolvió ni aplazó la citación. En cualquier caso, la toma de declaración a uno de ellos tampoco se hubiera podido llevar a cabo ya que el ciudadano, rumano, precisa de un intérprete, con el que tampoco cuenta el juzgado.

Ayuntamiento constituido

Mientras se tramita e investiga la denuncia, el Ayuntamiento, con ediles imputados, ya se ha constituido. Aunque a punto estuvo de no hacerlo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana comunicara que Argelita era uno de los municipios en los que se había suspendido la toma de posesión de los concejales. Ante la ausencia de comunicación formal, la Corporación tomó posesión. La orden de aplazar el acto no llegó porque no existía ya que todo se debió a un error.

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