"Las víctimas son seres generosos"

Eduardo Pizarro, hijo de militar y hermano de dos guerrilleros -uno de ellos el legendario comandante del M-19 Carlos Pizarro, asesinado días después de dejar las armas-, es el representante del Gobierno y presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, garante de los derechos de las víctimas del cruento conflicto colombiano.

Pregunta. ¿Hay claridad sobre el número de víctimas? ¿Hay una fecha punto de partida para la reparación?

Respuesta. Es una decisión política compleja: una fecha incluye y excluye. En Argentina hubo una fecha simbólica, el golpe militar de Jorge Videla de 1976. Como nos estamos refiriendo a la violencia contemporánea, existen dos opciones: 1964, cuando surgieron n las guerrillas posrre-volución cubana, o 1978, cuando surgieron los primeros grupos de autodefensa (paramilitares). Y no tenemos fecha hacia adelante; las víctimas siguen aumentando. Puede ser que no haya 5.000 víctimas como en Chile, sino centenares de miles o millones...

"Para muchas víctimas, la reparación no es un cheque, es el cuerpo de su hijo que está en una fosa"

"No hay ningún bien en manos de jefes paramilitares. Todo está a nombre de testaferros, ¡todo!"

P. Se habla de reparación integral. ¿Qué significa esto, en concreto, para las víctimas?

R. Para muchas víctimas, la reparación no es un cheque, es el cuerpo de su hijo que está en una fosa. Para otros es la verdad o la justicia: que los responsables sean condenados. La víctima tiene derecho a la reposición de bienes, a que su dolor sea reconocido, a la reparación del buen nombre de quien, por ejemplo, los paras mataron diciendo que era guerrillero. La reparación, además, debe corresponder al daño producido.

P. Se habla de un impuesto para reparación, y eso genera rechazo...

R. En estos momentos, en Colombia el modelo de reparación -para las víctimas de los paramilitares que se desmovilizaron- es por la vía judicial; se basa, por primera vez en la historia, en los bienes de los victimarios. Si estos bienes son insuficientes, vamos a proponer una reparación complementaria por la vía administrativa, estudiando experiencias exitosas como la de las víctimas del 11 de marzo de 2004 en España. Planteamos desarrollar políticas que beneficien a las víctimas de los paramilitares, de la guerrilla y de agentes del Estado. No puede haber víctimas de primera y de segunda.

P. Las madres quieren, ante todo, tener el cuerpo de sus hijos; se están encontrando muchas fosas y restos, pero pocos se identifican.

R. El dilema colombiano es dramático porque es una guerra contra el tiempo. Los paramilitares están señalando dónde hay fosas. Y si no se actúa rápidamente hay el riesgo de que sean destruidas. Y sólo tenemos 80 personas en esta tarea. Necesitamos multiplicar por tres. Tenemos dos opciones: saber dónde están las fosas y esperar años para desenterrarlas, corriendo el riesgo de que sean destruidas, o actuar ya. Sería un error no hacer un esfuerzo financiero para afrontar este tema, como se hizo en Kosovo y en Bosnia.

P. El procurador [ministe-rio público] dijo que se debería pedir una Comisión Especial de la ONU, como hubo en Ruanda, para que ayudara técnicamente en esta tarea. ¿Está de acuerdo?

R. Totalmente. Sabemos que existen entre 10.000 y 20.000 desaparecidos en fosas comunes. Muchas están en zonas donde hay actores armados ilegales. No estamos en el escenario de ensueño que plantea una ONG especializada en el tema.

P. ¿Quién amenaza, y, en algunos casos, asesina a las víctimas?

R. Fundamentalmente, élites regionales que se apropiaron de bienes y que no quieren devolverlos. El prototipo de la víctima asesinada fue Yolanda Izquierdo, en Córdoba, que luchaba por la devolución de tierras. Hay tres millones de desplazados que abandonaron ocho millones de hectáreas. Yo creo que uno de los temas dramáticos de Colombia va a ser el de los bienes en las zonas rurales. Y proteger a 50.000 o 100.000 víctimas en medio del conflicto no será una tarea fácil. Estamos montando una especie de alerta temprana para ellas.

P. El fiscal de la Unidad de Justicia y Paz dice que el gran escollo en este proceso es que los bienes están en manos de testaferros.

R. No hay ningún bien en manos de jefes paramilitares. Ni un vehículo. Todo está a nombre de testaferros, ¡todo! Han entregado algunas cosas, pero no en el monto que esperábamos.

P. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Puede ser el fracaso de este proceso de reparación?

R. En un momento, el fiscal les va a decir a los paramilitares: "Si usted no quiere pagar 60 años de cárcel, sino ocho, tiene que entregar los bienes para reparar a sus víctimas. Hay otro tema complicado: se entrega un bien, pero es muy difícil, si está en una zona de conflicto, que alguien acepte administrarlo. Toca rematarlo. Pero corremos el riesgo de que sean comprados por ellos mismos, por narcotraficantes o testaferros.

P. Hay peligro de que el tema se politice como ocurre hoy en España.

R. En Colombia está absolutamente politizado. Se refleja en que muchas veces los discursos son moderados por parte de las víctimas, y más intransigentes y radicales por quienes hablan en nombre de ellas. Creo que los colombianos tenemos que poner el acento en las víctimas de ayer, pero también pensar en las de mañana. El conflicto no ha terminado. Las víctimas son los seres más generosos que hay. No quieren que nadie más sufra lo que ellos sufrieron.

P. Muchas víctimas de los paramilitares conviven con sus victimarios en barrios marginales de ciudades y pueblos. Y sienten rabia. El ex paramilitar recibe dinero, trabajo, educación, sanidad... incluso durante cuatro años. La ayuda a los desplazados, como máximo, es de seis meses.

R. La desmovilización paramilitar ocurrió antes del diseño e implementación de la política de reparación. Y ese desfase temporal ha generado resentimiento en las víctimas, y es justo. Son las víctimas quienes deben estar en primer lugar, y no los victimarios.

E