El juicio de Gescartera comenzará el 17 de septiembre, seis años después del escándalo

Un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la magistrada Carmen Paloma González Pastor comenzará a juzgar a partir del 17 de septiembre a los 14 acusados por el escándalo de Gescartera, consistente en un monumental fraude de 50 millones de euros a 4.000 clientes de la entidad.

El fiscal Vicente González Mota solicita penas de 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad para el propietario de Gescartera y principal encausado, Antonio Camacho, y para el director general, José María Ruiz de la Serna, así como ocho años de cárcel para la presidenta de la sociedad, Pilar Giménez-Reyna. Además, reclama la responsabilidad civil subsidiaria a dos entidades bancarias: Cajamadrid Bolsa y La Caixa.

El tribunal notificó ayer a todas las partes que el macrojuicio por Gescartera se celebrará en las dependencias de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid, donde actualmente se está celebrando el proceso por los atentados del 11-M.

El juicio comenzará el 17 de septiembre y se desarrollará en jornadas de lunes a miércoles durante todo el último trimestre del año, en sesiones de mañana y tarde. El tribunal estará presidido por Carmen Paloma González Pastor, y el ponente será el magistrado Juan Francisco Martel. El tercer magistrado será probablemente Ricardo Rodríguez, aunque no se descarta un cambio de última hora.

En el auto de la juez González Pastor se destaca que el tribunal ha admitido que declaren los 81 testigos propuestos por el fiscal, aunque el total de los propuestos por otras de las partes superará los 150.

Fraude gigantesco

El fiscal considera que en Gescartera se produjo un gigantesco fraude desarrollado entre enero de 1992 y junio de 2001, cuando la sociedad de valores fue intervenida por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). El valor de lo defraudado alcanzó los 50 millones de euros, ya que Camacho, Ruiz de la Serna y los demás responsables del entramado de Gescartera constituyeron diversas sociedades y pusieron en práctica "un sistema operativo fraudulento" que les permitió apropiarse del dinero y los valores entregados por los clientes.

Con parte de ese dinero mantuvieron un montaje de inversiones y desinversiones que, en una especie de "cadena sin fin" defraudatoria, daba garantía ficticia de solvencia al grupo.

Según el fiscal, los fondos no se usaban para efectuar inversiones a nombre de los clientes, sino que se utilizaban para lucrarse de ellos personalmente, para mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando y en algún caso para efectuar reembolsos a clientes que demandaran retiradas totales o parciales de sus fondos.

Los acusados tampoco invertían en valores el dinero de los clientes sino que se limitaban a pagar las comisiones por intermediación de las órdenes de compra y venta de títulos, entregando soportes de las aparentes ganancias a clientes reales y cargando las pérdidas a testaferros.

Para poder operar en bolsa se transformó Gescartera en agencia de valores y se nombró presidenta a Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda del Gobierno del PP, Enrique Giménez-Reyna, quien se vio forzado a dimitir al destaparse el escándalo.

Además de Antonio Camacho, los demás imputados son: Aníbal Sardón, para que el también se piden 11 años de cárcel; Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente, para los que se reclaman 8 años; Agustín Fernández Ameneiro, Laura García Morey, Ángeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que se solicitan 6 años de prisión.

Por su calidad de presuntos cómplices del mismo delito, el fiscal González Mota pide tres años de prisión para Carlos Pascual Ortín, José Alfonso Castro Mayoral y para Miguel Carlos Prats.