Columna
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La 'imposición' del medio ambiente

Cada vez está más claro que muchos de los dirigentes políticos y responsables empresariales no acaban de entender el significado de la crisis ecológica en la que vivimos. La última muestra de la ignorancia existente al respecto la ha proporcionado un alto cargo de la Sociedad Jaizkibia -la encargada de todo lo relacionado con la regeneración de la bahía de Pasaia- al plantear en una entrevista radiofónica que no podrá haber ninguna norma legal que impida la construcción del puerto exterior, ya que el medio ambiente "no se puede imponer".

No pretendo discutir aquí sobre la bondad o la necesidad de dicha obra, la cual ha suscitado una fuerte polémica en diversos ámbitos políticos y sociales de Guipúzcoa y, muy especialmente, del entorno de Pasaia. Una obra, además, de enorme coste y complejidad (ver EL PAÍS de este lunes) y sobre la que existen informes técnicos contradictorios. Sólo cabe esperar a este respecto que las decisiones se tomen de manera racional, sin demagogias provincianas, y desde el respeto a la legalidad, incluida lógicamente la relativa a la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente. Y que si las autoridades competentes -o los tribunales correspondientes-, fijan un criterio contrario a la mencionada obra, el mismo sea acatado y respetado. Por ello, no es un buen augurio que personas llamadas a jugar un importante papel en esa decisión den muestras de un desconocimiento tan clamoroso sobre cuestiones esenciales en los tiempos en que vivimos.

Lo que resulta francamente llamativo es que, a estas alturas, alguien dude de la conveniencia de limitar legalmente el tipo de actividades humanas en función de criterios medioambientales; que aún hoy en día se cuestione por parte de personas supuestamente formadas la necesidad de proteger los recursos de los que vivimos, y de los que habrán de vivir las futuras generaciones. A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno -por ejemplo, en la Europa del Norte- muchos de nuestros responsables políticos y económicos tienen un serio problema a la hora de entender la problemática medioambiental: piensan que se trata, en primera instancia, de una cuestión estética -la conservación del paisaje, la belleza de determinada especie en peligro- o, como mucho, de problemas puntuales que generan molestias en la vida de la gente -humos, ruidos, contaminación-, pero que deben ser entendidos como el "precio del progreso". Y, sin embargo, el problema va mucho más allá, pues afecta a la propia vida de las futuras generaciones. ¿Se imaginan ustedes que el banco nos concediera un crédito millonario con el que pegarnos la vida padre, y que luego tuvieran que pagarlo nuestros hijos? Pues ese es, ni más ni menos, el planteamiento que algunos hacen: no querer poner límites legales a las actividades humanas, a la destrucción del entorno, a la pérdida de biodiversidad, a la sobreutilización de recursos no renovables, y que luego lo paguen los que vengan por detrás, en forma de crisis ecológica, escasez de recursos, o cambio climático.

Es mal asunto que muchos de quienes ocupan puestos de responsabilidad no entiendan estas cosas que, por otra parte, deberían explicarse mejor desde las primeras etapas de la enseñanza. No se trata de "imponer el medio ambiente". El medio ambiente siempre se acaba imponiendo él solo. Se trata de establecer las normas legales necesarias para preservar los recursos naturales y poder legar a nuestros hijos aquello que recibimos de nuestros padres. Que media docena de generaciones de humanos hayamos consumido más recursos y producido más residuos que todas las anteriores juntas, llegando a alterar el clima y poniendo en peligro la supervivencia del planeta, no sólo es una insensatez contraria a cualquier criterio científico, sino también un acto de injusticia intergeneracional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 07 de junio de 2007.