Calp vuelve a dar licencia de obra a un edificio en zona de protección

El Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha vuelto a conceder licencia de obra a un edificio cuya piscina, incluida en el proyecto, se sitúa en la zona de protección del dominio público marítimo terrestre.

La historia se repite y es la segunda vez, en escasos dos meses, que el gobierno municipal otorga un permiso para edificar en zona protegida, ya que, con el consentimiento de la Consejería de Infraestructuras, el Ayuntamiento autorizó un hotel de 24 pisos de altura a seis metros del mar, lo que ha provocado que el Gobierno emprenda acciones judiciales para paralizar la edificación. El Ministerio de Medio Ambiente considera esta obra ilegal e insta al Consell a que revoque la licencia inicial de obra para evitar consolidar esta irregularidad.

En esta segunda ocasión, la empresa Calport Marbella, SA, ha obtenido licencia del consistorio calpino para construir un edificio de 17 pisos de altura y piscina, ubicado a pie del paseo marítimo, a 10 metros del mar. El Ayuntamiento, además, tiene que hacer frente a contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al haber sido denunciado por permitir un edificio de 20 plantas, promovido por esta empresa, Calport Marbella S. A., junto a los restos arqueológicos de los Baños de la Reina, en la misma zona donde va a levantar esta nueva construcción que se ha autorizado.

Pese a que en el acta del pleno en el que se otorgó la licencia a la promotora, el consistorio reconoce que la piscina se encuentra en zona de protección, el Ayuntamiento otorga la licencia instando a la mercantil que solicite autorización a la Consejería para la ubicación de la piscina, permiso que debe ser previo, según el PGOU. Mientras tanto, la promotora está publicitando a la venta su residencial, conocido como Edificio Bauprés, incluyendo la piscina.

Modificación PGOU

Las modificaciones realizadas por el grupo del PP en Calp en el PGOU, han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea, desprotegiendo el litoral. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1000 metros cuadrados para levantar edificio en una parcela, como es el caso de esta construcción.

Este tipo de abusos urbanísticos, promovidos por el grupo popular, han favorecido que se urbanice en primerísima línea de playa o junto a restos arqueológicos protegidos, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a proyectar una piscina en zona protegida, obteniendo el correspondiente visto bueno del Ayuntamiento.