El 'caso del aeropuerto' llega a juicio
López-Santacruz, director de Bilbao entre 1997 y 2001, está acusado de embolsarse 351.000 euros en comisiones por obras
Cinco años y medio después de que se destapase el escándalo, el que fue director del aeropuerto de Bilbao entre 1997 y 2001, Segismundo López-Santacruz, se sienta hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Vizcaya. Tendrá que responder de cuatro delitos cometidos presuntamente durante su gestión: falsificación de documento oficial, malversación de caudales, fraude y cohecho.
Todos ellos están relacionados con las obras de ampliación del aeropuerto realizadas a finales de los años 90, que, según la investigación judicial, se adjudicaron por parte del ex director "con la intención de lucrarse personalmente" y "obtener un beneficio económico". Las irregularidades son variadas: se ha descubierto que en 17 expedientes de obras López-Santacruz se autodesignó director técnico para certificarlas y autorizar su pago, "sabiendo que no se iban a realizar". Estas actuaciones causaron un perjuicio económico a AENA (el ente público que gestiona los aeropuertos en España) de casi 522.000 euros.
Autorizó pagar 17 obras no ejecutadas con un perjuicio a AENA de 522.000 euros
A esto se añaden otras 15 irregularidades en adjudicaciones, como la contratación a dedo "en casos que no procedía", la falta de datos sobre el tipo de obra a realizar, el pago de trabajos con graves defectos, la autorización de abonos por gastos que corrían a cargo del adjudicatario, o la fijación de precios no competitivos. Todas ellas ocasionaron, señalan tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia, unos perjuicios "al erario público" de más de 234.000 euros.
La juez que ha instruido el caso revela que el entonces director del aeropuerto bilbaíno se embolsó cuantiosas comisiones a cambio de realizar una "auténtica designación personal de las empresas y personas" que debían realizar las obras. "Se traducía en cantidades de dinero recibidas de personas cuya identidad no consta para obtener las mismas [las adjudicaciones]". Admite la juez que las investigaciones no han podido determinar "con exactitud" la cantidad defraudada, pero afirma que López-Santacruz y su familia recibieron "cuando menos 351.027,72 euros". El dato procede de la investigación policial de su patrimonio, certificada luego por un informe pericial que descubrió en las cuentas bancarias del ex director, su esposa y su madre hasta 950.000 euros sin justificar. En los extractos llamaba la atención la concentración de ingresos de origen no explicado: hasta 13 en un mismo día, que superaban casi 32.700 euros. Este fraccionamiento se debe, según los investigadores, a que las transferencias menores a 3.000 euros no obligaban a la entidad bancaria a declararlas a Hacienda.
Por estas operaciones está también imputada su esposa Laura Hernández por los delitos de falsificación de documento con estafa y receptación (aprovecharse de un dinero de procedencia ilícita). Los ingresos figuraban en cuentas a nombre de su esposa y también de su madre. En las cuentas de esta se descubrieron 382.000 euros de ingresos injustificados,por lo que fue imputada, aunque luego se sobreseyó la causa debido a su avanzada edad.
Además de esto, Segismundo López-Santacruz deberá responder del supuesto fraude cometido con el arrendamiento de la vivienda que le proporcionó AENA: compró sucesivamente dos pisos en Getxo a nombre de su madre y, alterando el nombre de ésta para que no fuera reconocida como un familiar, se autoalquiló la vivienda. Así, con la renta que le abonaba AENA iba pagando las hipotecas, "utilizando así dinero público en beneficio propio". A ello añadió, según asegura la Audiencia y la juez, el traslado al ente público de las facturas de electricidad, teléfono y una plaza de garaje, sabiendo "que no tenía derecho" a ello.
La semana pasada, en la celebración de la vista previa al juicio, el ex director ofreció el pago de 240.000 euros en plazos a cambio de un acuerdo extrajudicial. A finales de 2004 ya planteó el abono de una cifra parecida a las costas del proceso, unos 150.000 euros. Como entonces, AENA lo rechazó porque estima que los perjuicios causados superan con creces el medio millón de euros.
En su escrito de conclusiones del caso, la defensa de López-Santacruz asegura que "decidió en ocasiones" la adjudicación a dedo debido a la presión ejercida desde el Ministerio de Fomento para concluir con rapidez las obras. Y sostiene que "no consta" que haya recibido comisiones de las empresas adjudicatarias ni que el incremento de su patrimonio "provenga de actividades ilícitas".
La indagación judicial se ha dirigido también hacia una constructora, Enrique Otaduy (una de las principales del sector de Euskadi), que entre 1998 y 2000 recibió 31 obras en el aeropuerto por casi 8,5 millones, lo que representaba el 79% de los trabajados contratados en ese periodo en el aeródromo. Pero no se ha conseguido probar nada.
Un jurado popular será el encargado de dictaminar si son culpables el ex director y su esposa, los dos imputados en el caso, que ahora residen en un municipio de Sevilla. Más de 40 personas prestarán testimonio en una vista que está previsto se prolongue durante las tres próximas semanas.
Una denuncia anónima dio la pista para la investigación
El caso del aeropuerto de Bilbao tiene su origen en una denuncia anónima enviada a la dirección de AENA a finales de 2000, en la que se detallaban algunas irregularidades que la investigación judicial ha ido confirmando. La auditoría interna motivó que López-Santacruz -quien ocupaba su cargo desde el 20 de enero de 1997- fuera despedido fulminantemente el 28 de febrero de 2001.
El escándalo no trascendió públicamente hasta un mes después, cuando los hechos fueron trasladados a la Fiscalía del Tribunal Superior vasco, que en junio de 2001 ya apreció delitos de estafa y malversación de caudales, y estimó que el ya ex director realizó contrataciones "con claro ánimo de lucrarse". Las irregularidades salpicaron a gran parte del equipo directivo del aeropuerto y seis altos cargos fueron destituidos y sancionados, aunque luego los tribunales decretaron nula la sanción.
López-Santacruz, con plaza de funcionario, volvió a trabajar en noviembre de 2001 para el Ministerio de Fomento, donde continúa porque sólo una condena firme puede suponer su inhabilitación, según ha aducido el ministerio.
Pero en febrero de 2002 recibió el primer varapalo judicial, cuando un juzgado de lo social consideró "procedente" su despido y rechazó el recurso del ex director. En su fallo, el tribunal aseguró que López-Santacruz cometió cerca de 50 irregularidades en su gestión y valoraba que la comisión de las irregularidades por el responsable de controlar las contrataciones hace que sea "más grave la infracción y más reprochable la conducta".
Pero la instrucción ha supuesto que a López-Santacruz se le abran otras dos causas: por un delito de alzamiento de bienes debido a la venta de su piso de Getxo y otro de falsificación en el documento de compraventa de una vivienda en Pamplona, con el que quería reducir la cuantía de sus ingresos sin justificación. En el primero, la juez de Bilbao que investiga la causa principal le exigió una fianza de 481.000 euros hace dos años. Pero el imputado no la abonó y vendió su piso de Getxo en junio de 2004 por 1,3 millones. Tres días después, fue escriturado un chalé en Sevilla a nombre de sus hijos, donde ahora tiene su residencia. También se ha descubierto la existencia de una sociedad, creada el año de su despido, que no incluyó en su patrimonio.
